Sr. Director:
"La anunciada decisión del Poder Ejecutivo Nacional de no denegar, ab initio, la asistencia judicial requerida por el juez español Garzón para la detención de militares que actuaron en la última dictadura militar en la Argentina, derivando la evaluación de la cuestión a los jueces argentinos, reviste particular trascendencia: "En primer lugar, implica un claro reconocimiento del Estado de Derecho y la división de los poderes, respetando la jurisdicción excluyente y la independencia de la Justicia.

"Distintas y delicadas cuestiones quedan luego por resolver: la irretroactividad de la norma penal, la cosa juzgada, etcétera. Pero serán los jueces, únicos competentes para tal función, quienes dirán lo que corresponda. Y la sociedad sabrá acatarlo, y con ello, habrá crecido."

Sobre el pedido de detención de militares argentinos
"Una cuestión política"

Los periódicos de estos días muestran como contrapuestas las decisiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa en torno de los pedidos de extradición formulados por Baltasar Garzón. Así, se dice que, mientras el primero prohibió por decreto toda tramitación al respecto, el segundo, en cambio, habilitó a los jueces o, lo que es lo mismo, dio curso favorable a la tramitación de aquellos pedidos.

Según las normas que regulan la materia de la extradición, las partes en juego son los Estados que actúan como requirente o como requerido.

Son ellos los que firman entre sí los tratados sobre estos y tantos otros temas; son ellos los que asumen responsabilidades frente a lo que pactan. Son personas jurídicas del derecho internacional público y expresan su voluntad a través de sus órganos máximos de gobierno.

Entre la República Argentina y el reino de España rige un tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal, por el cual los Estados se comprometen, entre otras cosas, a entregar -dadas ciertas condiciones- a una persona a la cual las autoridades judiciales persiguiesen por algún delito.

Por su parte, la ley 24.757 en materia de extradición regula, de un modo cuidadoso, las condiciones bajo las cuales la República Argentina prestará colaboración a cualquier Estado que lo requiera.

Como puede apreciarse, decidir si se entrega o no a una persona para ser juzgada por los jueces de otro país es una cuestión eminentemente política y compete a quien representa políticamente a un Estado. Algunas citas legales me permitirán dar fundamento a lo que digo.

Facultad de denegar
El artículo 10 de la ley 24.767 en materia de extradición (en adelante, ley aplicable) consigna que "no procederá la extradición cuando existan especiales razones de soberanía nacional, seguridad, orden público u otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido". Resulta obvio que sólo el Poder Ejecutivo está en condiciones de decidir sobre el particular.

A su vez, los artículos 21 y 23 de la citada ley ponen en cabeza del Poder Ejecutivo dar o no curso al pedido de extradición.

Y como si todo esto fuera poco, ahí está el artículo 36 de la ley aplicable, que sienta que, aun cuando un tribunal haya declarado procedente la extradición, el Poder Ejecutivo resolverá su denegatoria cuando, a falta de tratado, el Estado requirente no ofrezca reciprocidad o incluso, existiendo uno, militen aquellas recordadas razones del artículo 10.

En el mismo orden de ideas, vale la pena subrayar que el artículo 7 del tratado con España autoriza al Estado requerido a rehusar la concesión de la extradición del nacional, a condición de someterlo a sus propios jueces si la parte requirente así lo exige.

Ciertamente que todo trámite al que el Poder Ejecutivo decida dar curso deberá sustanciarse ante los jueces, con la intervención de los fiscales, como surge de la ley aplicable (artículo 22), y, habilitada esa instancia, serán los jueces los que decidan si corresponde o no hacer lugar a la solicitud de extradición. Pero conviene aquí reiterar la existencia de aquella facultad enmendatoria reservada al Poder Ejecutivo, según la cual, en las circunstancias especiales que menciona la ley aplicable (artículo 10), podrá denegar el pedido, a pesar de la opinión favorable de los jueces.

Razones de soberanía
Al parecer, éstas son las razones que anticipa el gobierno del doctor De la Rúa como obstativas, sea porque en varios casos las personas reclamadas ya fueron juzgadas y condenadas o bien porque se beneficiaron con las denominadas leyes de punto final (23.492, Boletín Oficial del 29/12/86) y de obediencia debida (23.521, Boletín Oficial del 9/6/87), cuya aplicación por parte de los jueces dejó definitivamente cancelada la posibilidad de persecución penal, sin pasar por alto los decretos de indulto dictados por el presidente Menem.

Si bien la República Argentina ha sido signataria de la Convención Internacional en contra de la Tortura, instrumento éste que acuerda a cualquier país el derecho a juzgar a los autores de tales delitos aun cuando no hubiesen sido cometidos en su territorio (principio de extraterritorialidad), ha adoptado como regla en su derecho interno el principio de la territorialidad como emanación de su soberanía. A su vez, España reivindica el derecho de juzgar a quienes resulten responsables de delitos perpetrados en contra de sus nacionales, aun fuera de su territorio.

Tal vez aquí se plantee el problema más complejo. ¿Qué pasaría con las personas requeridas que no se hallaran en ninguna de las situaciones anteriores y, en consecuencia, no pudieran invocar ninguno de aquellos beneficios? Es probable que en este punto el gobierno argentino argumente la existencia de procesos en curso, cuya efectiva existencia deberá acreditar, y, en el último de los casos, invoque "las especiales razones de soberanía nacional" para desairar las que aparecerían como impertinentes pretensiones del juez Garzón.

"Baltasar Garzón"
Señor Director:
"Nos congratulamos con la decisión del Ejecutivo de pasar a resolución de la Justicia Federal el pedido de detención internacional de 48 militares argentinos y de un civil a los fines de que determine su procedencia, ello es beneficioso para ellos y para la Argentina.

También ponderamos el magnífico artículo del doctor Mariano Grondona sobre «Los dos derechos del juez Garzón», publicado el 7 de noviembre último, todo ello fruto de su extraordinaria cosmovisión y de su formidable cultura jurídica.

"El pedido de detención internacional del juez Garzón es totalmente improcedente, porque para juzgar un hecho cometido en otro país es necesario que éste renuncie a su jurisdicción y competencia, y sólo se renuncia a las mismas mediante la creación de un tribunal penal internacional que no existe o mediante un tratado internacional.

"También se olvida del tratado sobre extradición suscripto entre España y la Argentina, el cual dispone que el delito requerido tiene que ser delito allí y aquí, en la Argentina, para los presuntos hechos de 1976/83, no constituye delito de genocidio de acuerdo con la definición de Naciones Unidas de 1948, no tiene que estar prescripto ni en España ni en la Argentina, y la prescripción máxima aquí es de 15 años, y los llamados delitos imprescriptibles o de lesa humanidad son fruto de una convención internacional ratificada por la Argentina en 1987, es decir, carente de valor para los hechos de 1976/83 por ser irretroactivos. También exige que los delitos requeridos no hayan sido juzgados en el país reclamado, y aquí fueron juzgados todos los hechos de la represión, cualquiera que sea el «nome juris» que se invoque.

"La decisión del Gobierno de dejar la resolución en manos de la Justicia Federal posibilitará el levantamiento de la orden de captura internacional de Interpol y que los llamados represores puedan viajar por todo el mundo, menos ir a España."

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