CARLOS A. TAVARES y ALBERTO RODRÍGUEZ VARELA, letrados defensores de JORGE RAFAEL VIDELA, con domicilio constituido en Avenida Córdoba 1367 piso 11 oficina 50, en la causa n° 13.445 caratulada "Videla, Jorge Rafael y otros...", ante V.S. nos presentamos y decimos:

1°) Todos los hechos que 25 años después de haber supuestamente ocurrido se imputan a Jorge Rafael Videla en la presente causa ya fueron juzgados por la Excma. Cámara Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 13/84. Hemos articulado oportunamente la excepción de cosa juzgada, en términos que involucran a todas las imputaciones dirigidas también en el presente contra nuestro defendido (incluso las que se anuncia serán materia de una próxima ampliación de indagatoria), encontrándose el incidente - como lo precisó en su declaración - a resolución del más alto Tribunal de la República. La palmaria violación del principio "non bis in ídem", consagrado en el art. 1 ° del Código Procesal en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18 de la Constitución, Nacional y en los convenios incorporados a su texto por el art. 75 inc. 22, surge de las propias manifestaciones de las denunciantes y de las constancias que cita la propia sentencia en recurso, por lo que la pretensión de encausar nuevamente a Videla por hechos ya juzgados configura una clara lesión a dichas normas fundamentales.

2°) Todos los hechos que se imputan a Videla se encuentran objetivamente prescriptos, tal como lo hemos acreditado en la excepción que se encuentra sometida a consideración de la Corte Suprema y que cubre todas las imputaciones que extemporáneamente se formulan en el auto de procesamiento, incluso las que se anuncia serán materia de una ampliación de declaración indagatoria.

3°) La resolución apelada constituye una descripción de hechos que el Señor Juez efectúa, con un lenguaje por momentos incomprensible para los suscriptos no obstante ser abogados con casi cinco décadas de experiencia-. En el sentido dado al vocablo por la Corte Suprema, la resolución que apelamos es arbitraria por contener afirmaciones dogmáticas (Fallos: 301:1194), apodícticas (Fallos: 300. 539) y contradictorias (Fallos 303: 434), y fundarse en prueba inexistente, irrazonable o aparente (Fallos 289; 495).

4°) La sentencia que impugnamos configura un alzamiento contra lo resuelto por la Excma. Cámara Federal y la Corte Suprema con relación al rol de la Junta militar, los Comandantes en Jefe y el Presidente de la Nación en orden a las operaciones ejecutadas para combatir el terrorismo. Desconoce, asimismo, la normativa existente al respecto tanto en el Estatuto del gobierno de facto como en otros ordenamientos subordinados.

5°) La resolución desconoce la subordinación militar de todas las fuerzas de seguridad, policiales e informativas en lo que se refiere a la guerra contra la subversión terrorista.

6°) La resolución yerra en lo que concierne a la descripción del elemento objetivo sobre la base de declaraciones testificales (Paladino y Gordon) que no permiten extraer las conclusiones que expone el sentenciante.

7°) En el auto en recurso se invocan elementos literarios (novelas pseudo históricas) que carecen de significación probatoria.

8°) La resolución vulnera el principio constitucional de legalidad al pretender aplicar retroactivamente la ley 23.077 y analógicamente la ley 21.338. Con tal base se pretende aplicar arbitrariamente la prisión preventiva prevista en el art. 312 del CPP.

9°) Se ha omitido declarar extinguida la acción penal a pesar de que la Corte Suprema ha señalado que los tribunales penales de todas las instancias deben declararla de oficio cuando resulte manifiesto - como en, el presente caso - que el delito imputado se encuentra prescripto.

10°) Se confunden actividades lícitas, propias de todos los gobiernos en sus relaciones con sus aliados, con otras que se describen en forma imprecisa, siempre sobre la base de legajos y conductas ya examinadas por la Cámara Federal y la Corte Suprema en la causa 13/84.

11°) Para imputarle el delito a nuestro defendido se ha efectuado un arbitrario desdoblamiento entre su condición de Comandante en Jefe y Presidente que contradice el criterio fijado en la citada causa 13/84.

12°) El monto del embargo ha sido fijado arbitrariamente, sin remisión a ningún parámetro objetivo.

13 °) Numerosos instrumentos que se citan como sustento del procesamiento tienen fecha muy anterior al 24 de marzo de 1976, remontándose a 1974 y 1975 o aún antes, lo que priva de coherencia y fundamento al decisorio.

14°) La sentencia ha prescindido del criterio establecido por la Cámara Federal y la Corte Suprema en la causa 13/84 cuando fijaron como fecha límite de la responsabilidad atribuida por autoría mediata a nuestro defendido el 31 de julio de 1978, momento en que cesó como Comandante en Jefe y, por ende, quedó excluido de toda responsabilidad por las actividades desarrolladas por el Ejército, las fuerzas de seguridad, las policías y los servicios de informaciones en la lucha contra la subversión.

15°) Se pretende establecer un vinculo equivalente a una "asociación ilícita" con el entonces Comandante en Jefe y Presidente de Chile, Kissinger, el FBI; la CIA; los presidentes y Comandantes en Jefe de Argentina en 1974 y 1975 y algunos comandantes y/o presidentes de países limítrofes, todo lo cual, además de inverosímil, carece de todo sustento probatorio.

16°) Con el objeto de sostener que se alcanza el número de integrantes previsto en el art. 210 bis del Código Penal, según el texto de la ley 23.077, se mencionan en el acápite quinto a personas de Argentina y del exterior sin que conste en el auto apelado como se produjo la hipotética concertación ni cual fue la vinculación de dichos individuos con nuestro defendido.

17°) La sentencia dictada por la Cámara Federal y la Corte Suprema excluyó la existencia de una asociación ilícita incluso entre los Comandantes en Jefe, lo cual indica hasta que extremo resulta arbitrario imaginarla formada por cualquier de ellos con los comandantes o presidentes de países limítrofes.

18) Sobre la base de lo expuesto, siempre con fundamento en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, y a pesar de constituir una pieza cargada de material descartable, la sentencia no constituye "derivación razonada del derecho vigente, con adecuación a constancias objetivas y relevantes de la causa" y desconoce "la verdad jurídica objetiva", por lo que resulta incompatible con "el adecuado servicio de la justicia garantizado en el art. 18 de la Constitución Nacional".

Dr. RODRIGUEZ VARELA - ABOGADO

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