Entre esas denuncias había unos 180 presuntos casos de menores robados, que en realidad comprendían aproximadamente 140 mujeres presuntamente embarazadas al ser detenidas o desaparecer y los 40 restantes hijos menores de 10 años. Como ya dijimos, investigando a partir de esos datos, en la causa 13 se llegó a la conclusión de que, excepto algunos pocos casos puntuales, no hubo una acción sistemática de las Fuerzas Armadas para apropiarse de hijos de detenidos.

Como también hemos dicho y el expediente del juicio a cargo del Juez Bagnasco lo demuestra palmariamente, las acciones pseudo legales iniciadas en 1996 en ese juzgado federal son una absurda repetición de la Causa 13, ya que se basan mayoritariamente en las mismas acusaciones y testigos.

Tanto es así que, luego de que el juez procesara a varios oficiales superiores y subalternos por 194 presuntos casos en enero pasado, la misma Cámara Federal actuando como tribunal de alzada, anuló dicho procesamiento;

en el segundo procesamiento - dispuesto por el juez en pocos días con notable apresuramiento - impávidamente reduce los casos inculpados de 194 a 34, mostrando nuevamente la ligereza de toda la causa. Próximamente les brindaremos información detallada caso por caso, en la cual verán como las defensas literalmente destruyen esos últimas 34 acusaciones remanentes en sus recientes apelaciones.

Apuntando a nuestro tema de hoy en Tucumán, hace unos meses en una clara maniobra de agitación y propaganda política contra el gobernador, los activistas de la APDH central y delegación Tucumán publicaron "que habían descubierto seis casos de apropiaciones de menores en esa provincia" y lo denunciaron ante el juez Bagnasco.

Solo el penúltimo y el antepenúltimo casos son de la época de Bussi gobernador militar de Tucumán (asume en diciembre 75 hasta fines 77) y hay dos del gobierno peronista de 1975. Cuando el abogado Premoli comenzó a decir esto en el programa de Grondona del pasado jueves 2, fue interrumpido por la estentórea voz de Simón Lázara de la APDH, cualquier cosa menos que quedar en evidencia en un canal de TV abierta. Estos dos últimos ocurrieron mientras el gobernador peronista era Amado Juri, cruel ironía para él, el mismo que presidió la sesión que impidió asumir su banca a Bussi.

Por otra parte, vemos que hay uno de ellos comprobadamente devuelto que justamente corresponde a la época de Bussi, el caso Diana Irene Oesterheld.

Reaparecen de nuevo con el actual show "BUSSI NO DIPUTADO" y le agregan una tal señora Alarcón no denunciada antes, con único testigo un presunto ex gendarme, que en un arranque de memoria (incentivado?) de golpe recuerda eso luego de un cuarto de siglo. Lo que es más notable, basa ese testimonio en "chimentos" de otros, en "dichos de un muerto" y en su rol de simple estafeta "que llevaba en sobres abiertos" información de un tipo que - de ser cierta en lugar de esta fantasía - nadie la hubiera jamás confiado a un soldadado. Como testigo parece de más baja credibilidad que un Scilingo, aunque luce como el "pollo" del mencionado Lázara.