"FORO DE LA VERDAD HISTÓRICA"
de la
"Asociación de ex combatientes contra el terrorismo
en la Argentina"
- 26 de abril del
2001 -
Boletín de la causa judicial sobre menores Nro. 28
Persecución judicial de los combatientes contra
el terrorismo otro dudoso episodio
En la Introducción a nuestro Informe "Causa
judicial por el presunto plan sistemático de apropiación de menores, una operación
política contra las Fuerzas Armadas" - disponible para lectura en este sitio web
- expresamos que:
"No es
nuestro objetivo la defensa ética de los pocos casos puntuales de apropiaciones de
menores denunciadas, probadas o bajo investigación; debe actuar allí la justicia
con severidad en base a la ley.
"Pero en
cambio nos mueve a denunciar públicamente, en base a las evidencias incontrastables
que tenemos en mano, la falsedad de las imputaciones sobre la existencia de un plan
sistemático de sustracción de menores, por ser algo que las FFAA de nuestra
República no merecen, ya que jamás ello hubiera sido consentido por las cadenas de
comandos que condujeron las operaciones bélicas contra los guerrilleros, ni por los
escalones subordinados combatientes directos.
Como se sabe por
informaciones de prensa, en los últimos días han sido detenidos y procesados los
Comisarios retirados Jorge Bergés y Miguel Etchecolatz, como así también el ex General
de División Carlos Suárez Mason, aun con procesamiento pendiente. El motivo
formalmente esgrimido sería la apropiación, por un matrimonio civil, de la hija de
la terrorista desaparecida Aída Sanz Fernández, nacida durante la prisión de
esta última; luciría así a primera vista como uno de esos pocos casos puntuales que de
ninguna manera avalamos.
Pero el tema no
es tan sencillo y, en base a las primeras informaciones concretas disponibles,
intuimos estar ante el montaje de una nueva "operación política
judicial" contra las FFAA y Policiales que derrotaron a la guerrilla de los 70´,
por parte de los organismos dedicados al empleo de la denuncia judicial y mediática como
una arma más de aquel combate, que siguen hoy con métodos por ahora no violentos. No
tenemos bases firmes para afirmar que todos los integrantes de la justicia intervinientes
en el caso participen conscientemente de una operación, sería poco serio de nuestra
parte, pero al menos algunos de ellos han tenido públicas actuaciones anteriores en tal
sentido.
Los siguientes
datos, como primeros elementos de juicio nos hacen reflexionar sobre lo expuesto. Darlos a
conocer es un deber de lealtad hacia estos camaradas hoy detenidos, hasta el momento
pareciera que injustamente y una obligación con la opinión pública, continua y
deliberadamente desinformada:
Desde hace varios años son noticia de prensa casi
cotidiana los variados intentos y presentaciones de los grupos denunciantes de la
izquierda revolucionaria para hacer detener judicialmente al Comisario retirado
Etchecolatz y al ex general Juárez Mason, ante diferentes estrados y con los más
diversos pretextos, algunos pueriles.
El primero
de ellos hasta fue agredido cerca
de su domicilio por una patota provocadora de HIJOS o afines, para luego ser
insólitamente juzgado por ejercer la defensa propia mostrando un arma, absurda causa
finalizada ayer 26 de abril en el juicio oral por un fiscal valiente, quien
aplicando la ley, decencia y un mínimo sentido común , dictaminó que retiraba la
acusación por tratarse de tal defensa propia.
El segundo
, Suárez Mason, está procesado en
la causa del presunto plan sistemático de menores que llevaba el ex juez Bagnasco en el
Juzgado Federal Nro. 7, causa que se arrastra desde fines de 1996 como investigación
inicial, penosamente y huérfana de pruebas mínimas, con más actuación televisiva que
en el expediente, quedando abandonada sin resolución alguna por el juez, de golpe urgido
de renunciar hace pocas semanas para dedicarse a la política y actividad privada con
sectores menemistas más que amigos suyos. Suárez Mason sido además procesado por
expresar en un reportaje una información objetiva, que varios de los que lo perseguían
eran de ascendencia judía, aunque aclaró que ello no implicaba un juicio contra la
colectividad en su conjunto; es sabido además que el ex militar jamás estuvo en
corrientes políticas afines a posiciones antijudías. Pero no les importó, brindada la
mínima oportunidad se lanzó por el resquicio la aplastante campaña mediática, vía
medios de prensa notoriamente cómplices y desde esa acción, difícil de resistir por los
jueces, se lo acusó y procesó por racismo.
En las oportunidades en que las denuncias han sido
masivas
contra las FFAA y en particular contra el Ejército, intentando llevar a
juicio a centenares de militares, las reacciones producidas, aunque de diferente índole,
las hicieron fracasar. Los casos más relevantes fueron los sucesos de Semana Santa de
1987 y las reacciones legales institucionales no menos efectivas producidas en el año
2000, ante el burdo intento de apresar militares por negarse a declarar contra si mismos
bajo juramento, en los mediáticos e inconducentes juicios que alegan buscar verdades
históricas, en peculiares "causas sin objeto procesal ni acusados".
Ante estos fracasos, la izquierda denunciante
vuelve cíclicamente a un bajo perfil
, lanzando pocos ataques y de menor entidad, que
les permitan mantener la continuidad en una acción de desgaste. Para ello eligen como
blancos a veteranos más indefensos, que pertenezcan a instituciones más debilitadas o en
los cuales se haya ¨invertido¨ - por así decirlo intensas campañas de
acusaciones, hasta ¨demonizarlos¨ ante la opinión pública inadvertida. En este caso
sabemos de la falta de un apoyo institucional firme hacia ambos comisarios, por la grave
situación actual de la esforzada policía de la provincia de Buenos Aires y es
formalmente menos problema Suárez Mason al haberse ido de baja perdiendo el estado
militar.
El caso de la hija de Aída Sanz Fernández,
presentado hoy en sociedad como sensacional descubrimiento, es en realidad noticia vieja
y fue comprobado hace unos tres años. Documento irrefutable de ello es el libro del grupo
político Abuelas, "Niños desaparecidos, jóvenes localizados" , edición de
diciembre de 1999, página 254. Allí en resumen dicen que ya fue probado por ADN que
estaba como presunta hija de un matrimonio de civiles ajenos a las FFAA y policiales,
apropiada ilegalmente por estos que la registraron como nacida de ellos. Además expresan
que el certificado médico de nacimiento estaría firmado por el comisario Bergés.
Por este caso, en la Separata 5 de nuestro Informe
arriba citado, expresábamos hace ya tiempo: "
Que es este caso y donde la
encontraron? , no está nada claro, la explicación es por demás ambigua y escueta.
Quién la tenía en su poder y en que carácter: civiles comunes, gente de FFAA, algún
familiar o compañeros de militancia de los padres? Estaba falsamente adoptada o asentada
como hija original? Hubo un juicio penal a esos padres apropiadores ilegales?. Esto fue un
robo?".
Ahora sabemos que:
fue apropiada por un
matrimonio de civiles que la registró a su nombre ilegalmente, algo muy diferente a una
adopción dispuesta judicialmente, pero ellos no fueron ni son hoy tampoco procesados,
mediante una extraña pirueta jurídica, donde se salvan como principales inculpados del
delito central acusando al presunto participante secundario Bergés, convirtiéndose para
salvar su ropa en sus acusadores - suerte de testigos arrepentidos y
transfiriéndole sus comprobadas culpas.
Salvando el respeto a su investidura en nuestras
expresiones, es conocida la posición ideológica y profesional del juez de la Cámara
Federal de La Plata Schiffrin, son datos de la realidad sus públicas manifestaciones
políticas de izquierda y contrarias a las FFAA en su acción contra el terrorismo,
participando activamente en todos los foros de los activistas políticos denunciantes,
paro actuando en paralelo como juez de las causas. En particular ha intentado
reiteradamente en los últimos tiempos hacer detener al Comisario Etchecolatz, por su
actuación en las operaciones militares antisubversivas, fracasando hasta hoy.
La causa de la hija de Aída Sanz Fernández la
tenía desde hace tiempo el juez Corazza. Hace unas dos semanas y en ocasión de estar
éste de licencia por enfermedad del padre, se presenta insólitamente como querellante el
juez superior Schiffrin, algo legal pero extraño en tiempo y oportunidad, haciendo la
denuncia ante el juez subrogante en ausencia. Sin constarnos el hecho y su posible
influencia, circulan comentarios que este juez es un amigo personal de Schiffrin. El hecho
es que luego de tres años con la causa congelada por Corazza y en base a hechos ya
archiconocidos, el juez reemplazante detiene sorpresivamente a Bergés.
Sostiene este juez y luego lo refrenda en su auto
de procesamiento el ya reintegrado Corazza, que Bergés es culpable de ¨supresíon de
identidad¨ por haber presuntamente firmado el falso certificado médico (acto que ya
fuera declarado prescripto por tiempo por la Cámara de San Martín) y por haber entregado
el bebé a los padres apropiadores. Es que estos, personajes centrales de la apropiación,
ahora parecen negociar su impunidad acusando a Bergés en carácter de únicos testigos y
en su evidente beneficio, dicen que este los engaño al contarles que la bebé pertenecía
a una mujer que lo abandonó y que además habían creído que el falso tramite de
registro, hecho por ellos a su nombre, era un adopción legal.
El juez Corazza los indagó en la causa y antes
esas simples manifestaciones de los comprobados apropiadores les dictó la falta de
mérito, considerando que "no habrían actuado de mala fe
", según noticias
de prensa. Parece que es diferente la cosa cuando los apropiadores son ciudadanos
civiles que cuando tienen uniforme; en el reciente caso del Suboficial Policarpo
Vázquez , quien declaró de inmediato que la hija no era de ellos y que la habían
recibido de un cabo sin saber su origen, tanto él como su mujer están procesados y
detenidos por Servini de Cubría. ¿La igualdad ante la ley es algo arcaico y poco
globalista?
En la Separata 5 - Cuadro 3 - de nuestro
trabajo, figuran seis casos de niños apropiados ilegalmente por otros compañeros de
militancia terrorista o vecinos (Casos Garbarino, Spoturno, Moscato y Hernandez Hobbas
apropiados por otros compañeros de militancia y Arce y Scaccheri por vecinos). Parecería
que en general solo se juzgan las apropiaciones ilegales puntuales de esa guerra cometidas
por uniformados, no así si lo cometieron terroristas o civiles comunes.
Otro elemento sugestivo
, Bergés ya había
sido liberado de los delitos por documento falso, prescriptos según fallo de la Cámara
entonces interviniente. Es por ello esencial como hecho nuevo que la pareja lo acuse de
entregador del menor, con lo cual de paso salen ellos del trance pese a ser los
actores centrales del delito; hasta se olfatea una negociación al respecto. Nos cabe duda
de que además Bergés no haya sido ya condenado por este caso, entre otros similares por
los cuales después fue indultado en la Causa 44; esas condenas fueron por participe en ¨apropiación
de menores¨, valla que sortearía la actual querella al acusarlo de ¨anulación
de identidad¨ , algo que es lógicamente parte componente de la apropiación.
Como se detallará en el subsiguiente Boletín de
Menores Nro. 29
, una de las principales testigos que cita el juez Corazza contra
Bergés, es la militante de extrema izquierda Adriana Calvo de Laborde, quien por sus
cambiantes declaraciones sobre mismos hechos entre 1977, 1984, 1985 y 1998, estará más
que cuestionada en la causa del plan sistemático y ahora en este nuevo proceso
Luego de presentada la querella por Schiffrin,
aparece como la caballería en su auxilio y tomando la posta la inefable organización
denunciante denominada como APDH, la cual pide al juez ser tomada por querellante y al
instante le es concedido. Seguramente redoblarán esfuerzos, luego del fiasco de ayer en
la causa por la pistola de aire comprimido de juguete en la Capital Federal.
Tomando como trampolín este enriedo jurídico
pasan luego mágicamente a los más importantes objetivos, las consecutivas detenciones de
Etchecolatz y Suárez Mason, lo cual formalmente es sostenido en consideraciones
enfrentadas a la lógica.
El juez obvía a todas las autoridades policiales
y militares ubicadas entre el entonces joven médico Bergés y el altísimo Comisario
Etchecolatz - Director de Investigaciones y luego se basa aproximadamente en el
siguiente razonamiento:
encima de Bergés estaba Etchecolatz y encima de
este en la cadena de mandos estaba Suárez Mason;
en estas organizaciones las ordenes se transmiten
hacia abajo y se reporta hacía arriba;
luego, en el caso del delito adjudicado a Bergés,
ese delito tiene que haber sido ordenado desde arriba y luego informado desde abajo.
En síntesis, los policías y militares son tan
subordinados que solo delinquen por ordenes y siempre los informan, ante todo delito se
debe necesariamente asumir que todos los jefes lo conocen y ordenan, o toleran
Es de imaginar la inquietud del Comisario Santos,
Jefe de Policía Federal, por esta progresista nueva doctrina y ante los actuales juicios
a varios comisarios de alto nivel por delitos económicos, seguramente serán inculpados
también él, el Ministro del Interior y quizás el Presidente de la Nación. Porque estos
comisarios deben haber recibido ordenes de delinquir y deben haber dado parte del
cumplido. Dirán los lectores que esto sería un despropósito, .... posiblemente, pero
entonces ¿Qué decir del caso de Etchecolatz? Es lo mismo.
Más absurdo aun en el caso de Suárez Mason, en
la cúspide de comandante del 1er. Cuerpo de Ejercito y Zona 1 con la Capital Federal y
media provincia. ¿De haberse cometido un delito en ese lugar de Banfield o Quilmes, una
de los cientos y cientos de comisarías y unidades militares, como podía conocerlo desde
su Comando en Palermo?
Por otro lado la detención de Etchecolatz y
Suárez Mason en los términos del auto de procesamiento del juez Corazza está implicando
su participación en un plan sistemático por la cadena de mando. Pero resulta que ese
presunto plan está siendo ya juzgado en la causa que tenía el juez Bagnasco y donde
precisamente está detenido y procesado Suárez Mason, tenemos así un flagrante doble
juzgamiento. Además el caso de Aída Sanz Fernández fue presentado en la causa,
Bagnasco procesó por él y luego lo retiró. Finalmente, el comisario Etchecolatz no
está procesado en esa causa , pero en Corazza de hecho lo procesa por una acción
sistemática presuntamente ordenada por la cadena de mando.
En resumen, más que extraños los motivos
aducidos para detener a Bergés, la forma oportunidad y algunos actores; inentendibles, en
términos judiciales lo ocurrido con Etchecolatz y Suárez Mason. Se aclara todo en
términos políticos y de las lamentables realidades de esta debacle de nuestra argentina
de hoy, asistimos a otro episodio de la guerra revolucionaria de los 70´ por otros
medios.
Cabe que nos preguntemos todos en esta sociedad
argentina, donde los combatientes del terrorismo son perseguidos y los acusados de
mega-corrupciones son hoy públicamente defendidos por su partido político, uno de los
dos mayores del país, con amenazas a la gobernabilidad de los argentinos:
¿Que hace el Congreso y las dirigencias....? No
diremos que bailan como en la frase famosa, pero evidentemente están en otras cosas,
paralizadas por las crisis judiciales, políticas y económicas que han sembrado en 18
años de ineficacia y corrupción, aun intentando salvar los kioscos de cada uno.
Para mal de ellos, enorme diferencia con los
70´y otras crisis, deberán madurar y ponerse los pantalones largos, no habrá ahora
ninguna salvación militar como en el pasado, nadie les salvará la cara, actuarán o la
ciudadanía los dejará en la banquina de la historia, aunque todos los argentinos
pagaremos la fiesta por supuesto.
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