- 15 de octubre del 2004 -

Número 808 - Mayo / agosto de 2004

"UNA MALVERSACIÓN HISTÓRICA (1959-1983)"

por el Contraalmirante (RE) Oscar J. Calandra *

 

"Es hora de poner un elemento

de sinceridad en un tema oscurecido

por tanta mentira e hipocresía."

Félix Luna

 

La sociedad argentina asiste a la instalación de una irritante paradoja: uno de los dos grandes combatientes de los años setenta, los Montoneros, que pareció entonces derrotado, ocupa hoy posiciones en ámbitos gubernamentales y legislativos, tanto nacional como provinciales y municipales, y otro de ellos, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que pareció haber vencido, aparece hoy espiritualmente disminuido y en franca defensiva.

A través de una "estrategia sin tiempo", es decir de objetivos no relacionados con el tiempo sino permanentes y que están por encima de cualquier circunstancia del conflicto planteado, sectores ideológicos residuales de las antiguas organizaciones terroristas, a los que todavía mueve su nostalgia y espíritu de revancha, poyados por intemperantes organizaciones próximas que se muestran como "únicas tutelares de los derechos humanos", continúan aquella guerra por todos los medios posibles. Su fin es transformar su derrota militar en éxito político, sin renunciar a su objetivo de otrora - adueñarse del poder total del Estado - sólo que cambiando la estrategia.

Es así que comenzaron a principios de los años 80 una tenaz e ininterrumpida campaña de desprestigio y destrucción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, causantes de su fracaso en aquella aventura , así como de deformación y ocultación de parte de lo acontecido en esos años, haciéndolas únicas responsables de una cruenta e indiscriminada agresión que ellos habían iniciado y cuyas acciones más virulentas y sangrientas fueron, contradictoriamente, realizadas en períodos de gobiernos constitucionales, legalmente elegidos por la población.

En un proceso progresivo y constante, silencioso al inicio y estrepitoso en los últimos años, pero siempre impulsado por el odio, el rencor y la venganza, esas organizaciones han utilizado con pertinaz intensidad medios de prensa afines, particularmente orientados hacia las generaciones más jóvenes, para lograr que hechos de enorme importancia desaparezcan de la historia, no de la memoria colectiva pero sí de la memoria pública. El resultado ha sido una malversación de nuestra historia reciente que no sólo echa un manto de olvido sobre parte de una época en la que los terroristas instalaron una violencia nunca vista en nuestro país, sino que ha logrado, hasta ahora, silenciar las voces de condena a sus aberrantes crímenes.

Que lo consigan finalmente o no, depende de los esfuerzos que la sociedad sana haga para sincerar la historia completa transcurrida desde el primer atentado terrorista, el 12 de marzo de 1960, durante la presidencia del Dr. Frondizi, que terminó con la vida de la niña Guillermina Cabrera, de 3 años, dejando herido a un hermano de 6, hijos del teniente coronel Cabrera Rojo. No podemos, no debemos permitir que esos sectores se hagan de la propiedad intelectual y moral de la historia reciente.

La historia de una Nación sólo se puede construir sobre la verdad total y no sobre una parte de ella. La parcialización de la realidad es siempre destructora e impide elaborar, en más de un aspecto, el panorama de una visión valedera y estable de esa historia.

Pero... ¿cómo ocurrió esta malversación que hoy afecta la memoria de los argentinos?

Muchas veces hemos escuchado o leído el término desinformación sin que nos quede una idea concreta de su significado y alcance, pero una definición específica a la que podemos recurrir sería... "un procedimiento que consiste en comunicar un mensaje falso o incompleto, con la finalidad de inducir a error en la opinión pública o en la adopción de resoluciones".

Generalmente utilizadas por motivos políticos o ideológicos, las campañas de desinformación, cuyo origen es tan antiguo que puede ya encontrarse en ´El arte de la Guerra de Tsun Zu´, conducen a una distorsión de la realidad en cualquier ámbito en que se la aplique. La desinformación emplea un sinnúmero de variadas técnicas de distinta naturaleza, tanto abiertas como encubiertas, dirigidas a diversos públicos pero todas apuntadas a lograr el mismo objetivo. Lo hace tanto mediante la diseminación de rumores, de falsas informaciones o de escamoteo de parte de ellas, como de la generación de confabulaciones e intrigas políticas, y de operaciones sobre los medios de comunicación social y sectores de opinión pública incluidos en planes de acción psicológica.

Reflexionando Julián Marías sobre la mentira como herramienta de la desinformación en la guerra civil española, decía: "No se mide el inmenso poder destructor de la mentira, obre la que nada se puede edificar, mientras que la verdad es coherente, consistente, la tierra firme sobre la que se puede caminar, por dura y lamentable que sea. No hay que intentar contentar a los que no se van a contentar [...]. Son incapaces de enterarse los que no quieren enterarse, y así se arrastran las falsedades, con la consecuencia de que se transmiten a generaciones más jóvenes, que no han vivido los sucesos, los dichos y los hechos, y están inermes frente a la falsificación. Los que vivieron otros tiempos pueden intentar engañar a los demás y hasta a sí mismos, pero saben que lo están haciendo. Los que han venido después reciben versiones fraudulentas del tiempo pasado, todavía reciente, y quedan afectados por ello" (1). Parece escrito por lo ocurrido en la Argentina.

Volvamos atrás en el tiempo. Desde antes de los años 70, quienes se convertirían en Montoneros - y otros grupos terroristas - siguieron en la Argentina una maniobra leninista: conquistar el poder mediante la violencia, dentro del marco de la Guerra Fría y utilizando la estrategia, los métodos y los procedimientos de la guerra revolucionaria concebida por el marxismo-leninismo. Y fracasaron (2).

Pero volvieron desde los inicios de los 80 a buscar el poder de la mano política, ideológica y estratégica de Gramsci (3), diseñando una estrategia cultural al estilo del "Gran Hermano" de George Orwell: imponer la memoria de los años setenta en las nuevas generaciones que no los vivieron, siempre a través de una incansable campaña de desinformación, desde dentro y desde fuera del país, propalando falsedades sobre verdades parciales o incompletas en beneficio de una interpretación tendenciosa y reduccionista de ese trágico pasado que, por supuesto, impiden toda comprensión de la realidad efectiva y subrayan, constantemente, la barbarie militar pero omitiendo su propia barbarie.

Decididos a continuar la guerra perdida, por otros medios, los ex terroristas y las seudo organizaciones "de derechos humanos", que solventadas - entre otras formas - con importantes recursos financieros internacionales actúan como frente de las ex agrupaciones terroristas, han empleado tácticas sistemáticas, dinámicas e integradas – secuencial o simultáneamente con otras acciones - así como procedimientos planificados, dirigidos y controlados por su nivel estratégico, para elevar a los cultores del terrorismo a la condición de héroes de una cruzada popular y denigrar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el ámbito de la opinión nacional e internacional.

Pretenden a la vez encubrir que, ya en los años 60 y con mayor gravedad en la primera mitad de los 70, bandas de terroristas armadas deliberadamente y autodenominadas ejércitos, desarrollaban una guerra sin motivos valederos para hacerlo. Insisten en concentrar todas las culpas sobre el sector militar y ocultan, en cambio, las gravísimas responsabilidades de los guerrilleros subversivos, así como de los políticos, periodistas y educadores que, con su acción u omisión, coadyuvaron a difundir el imperio o la pedagogía de la violencia.

Con medidas activas potenciadas por una profunda penetración e influencia en una amplia gama de medios de comunicación social, así como debates en escuelas, universidades y foros de distinto tipo, lograron modificar los canales de percepción de la situación establecidos entre la realidad y el sujeto individual o masivo que la recibe, para generar una apreciación distorsionada de la violencia por ellos iniciada y de su posterior represión. Sus blancos: las elites de gobierno , las cúpulas de conducción sectorial y otras estructuras de gerenciamiento con importante capacidad de decisión o influencia, como también todos los públicos, tanto nacionales como extranjeros, que pudieran alinear para que adoptaran conductas y acciones favorables a los propios planes e intereses.

La desinformación recurre siempre a términos, frases o mitos de alto contenido emocional, repetidos con persistente obstinación, para impactar y establecerse en la mente y el ánimo del público a quien va dirigida. El caso que nos ocupa no fue una excepción: se volcaron todos los esfuerzos en desprestigiar, debilitar moralmente y desarticular a las instituciones que pudieran ser polos de resistencia, como las Fuerzas Armadas, las de Seguridad y los sistemas y normas de convivencia legales y republicanos, y desviar la atención pública para tratar de obtener condenas bajo una visión hemipléjica cuya pertinaz reiteración dificulte examinar razones, contenido e información verdadera. En verdad no es ése un reclamo de la sociedad en su conjunto, sino de estos minúsculos pero obstinados sectores.

Es así que, mediante ruidosos anuncios con los que tratan de narcotizar día a día a la gente, han tratado de imponer la idea de que las acciones de las organizaciones terroristas constituyeron delitos comunes y que el Estado las combatió con procedimientos ilegales. Para ello acuñaron y "plantaron" vocablos-concepto - verdaderas ficciones – como "genocidio", "jóvenes idealistas", "represores", "30.000 desaparecidos", "lo ocurrido en el país, en esos años, no fue una guerra", entre otras, así como bregaron por idealizar la imagen del "Che" Guevara y los postulados de Fidel Castro como "reivindicadores de las masas oprimidas". Hacía falta referenciar un mito convocante y lo lograron.

Estos sectores ideologizados e intolerantes, que con sus recurrentes manifestaciones públicas exacerban los ánimos y procuran mantener encendida la llama del odio y la violencia entre los argentinos, desarrollaron también - y desarrollan - verdaderas "operaciones de influencia" mediante agentes que utilizaron y utilizan su posición, contactos, poder y credibilidad, para promover los objetivos impuestos por su conducción estratégica de manera no atribuible a la misma. Estas operaciones han sido realizadas tanto por agentes bajo control ("orgánicos"), personas de confianza que colaboran conscientemente pero no son reclutadas ni formalmente controladas como también colaboradores involuntarios que no toman conciencia del significado de su actividad y son manipulados.

Han logrado, por otra parte, a caballo de la desinformación, instalar el problema de la "represión" en un campo de solución jurídica y no política, del cual parece haber sido sacado olvidando que la guerra es una circunstancia política con objetivos políticos y sin atender a lo expresado por la Cámara Federal en la sentencia a los Comandantes (Causa 13) que dice: "... Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado...".

Subyace también en su prédica el firme objetivo de imponer como memoria oficial el discurso y la ideología de la izquierda peronista de los años 70, la misma que Perón echó de la Plaza de Mayo el 1º de mayo de 1974 calificando a sus integrantes de "imberbes, mercenarios, agentes del caos e inadaptados" (la Juventud Peronista y la Tendencia Revolucionaria ).

Como complemento de estas reflexiones no podemos dejar de recordar una ilustrativa frase del ministro de Propaganda alemán en la II Guerra Mundial, Joseph P. Goebbels: "Miente, miente, miente, que siempre algo quedará".

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), hemiplejia es la "parálisis de todo un lado del cuerpo"; de allí que podamos calificar así a la historia que pretenden "contar" los que perdieron esa guerra, porque busca ocultar una parte del cuerpo histórico reciente de la Nación. Grupos coincidentes en intereses ideológicos, sectarios y políticos, bien definidos y generalmente sumados, buscan silenciar o presentar en forma arbitraria hechos del pasado cercano, para alcanzar y establecer una visión parcial e incompleta de aquellas circunstancias por parte de la sociedad que les permita, a la vez que condenar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, glorificar la acción de los subversivos y exaltar al terrorismo como una gloriosa gesta, de una heroicidad revolucionaria digna de ser enaltecida. Una falacia.

Aquí debemos recordar que para subsanar esta hemiplejia histórico-política, el gobierno del Dr. Alfonsín, por medio de su ministro del Interior Dr. Tróccoli, prometió publicar "la otra parte de la verdad", la parte de la historia maliciosamente velada y no cubierta por el "Nunca Más". Esa promesa nunca fue cumplida.

Y vayamos ahora a la cara oculta de esta historia a través de los principales mitos que las organizaciones quieren instituir.

Merced a una exitosa campaña de desinformación, todo parecería haber comenzado el 24 de marzo de 1976. Y limitar caprichosamente el retroceso a esa fecha resulta, por lo menos, una discriminación y una estafa históricas. Pero esto permite a esos grupos concentrar el objetivo de sus acciones contra "la dictadura militar" excluyendo las que ellos mismos realizaran contra gobiernos constitucionales.

Esto pudo lograrse gracias a la particular idiosincrasia de ciertos sectores de nuestra sociedad, cuya volubilidad los hacía fácilmente influenciables, que apoyaron, aplaudieron y ensalzaron a las FFAA por haber librado del flagelo terrorista a una sociedad paralizada por el miedo, pero una vez sorteado el peligro se volvieron contra ellas.

Dice Juan José Sebrelli en su libro ´Crítica de las ideas políticas argentinas´: "Ernesto Sábato, quien había formulado declaraciones despectivas a la democracia en ocasión del golpe de Onganía, no se privó del elogio a Videla en la revista alemana Geo (1977). Fue un entusiasta propagandista de la operación política del Mundial 78 y de la guerra de Malvinas y aconsejaba a los exiliados que no contribuyeran a la campaña antiargentina. La enorme predisposición al olvido de la sociedad civil y la hipocresía de la dirigencia política permitieron que en 1984 Sábato se travistiera en héroe cívico y presidiera la CONADEP".

Otros argentinos adhirieron también, con diferencias de grados y matices, al régimen militar de 1976 y no tuvieron luego el valor de reconocerlo, olvidando que fue el factor militar el que impidió instalar en la Argentina un gobierno marxista-leninista.

Tampoco se libran de esta actitud numerosos políticos cuyas declaraciones, formuladas entre 1974 y 1976 para que las FFAA se hicieran cargo de la lucha contra la insurgencia, pueden extraerse de los Diarios de Sesiones de esa época; después "las olvidaron". Y pareciera que este "virus amnésico" también afectó a muchos periodistas que, después del 83, sintieron una repentina afinidad progresista con las organizaciones subversivas y sus seguidores, a quienes les brindaron generosos espacios mediáticos, ocultando sus hechos delictivos y, sobre todo en los últimos tiempos, utilizando una prédica que contribuyó a enardecer los espíritus, a reavivar enconos y a frustrar el avance hacia la reconciliación. En esto influyó un lamentable interés crematístico.

Realicemos un simple ejercicio de imaginación sobre el tipo de país que tendríamos si, hipotéticamente y por estricta falencia militar, se hubiera dado el triunfo del terrorismo subversivo: ¿acaso el de Fidel Castro, el de Allende, el que acompañó a Cámpora en su asunción, o el que puede esperar Colombia si defeccionaran sus FFAA? Hubiéramos entonces hecho realidad aquel poema de Echeverría escrito durante su exilio en Montevideo: "Lloremos hermanos,/ la patria no existe/ de Mayo el gran día/ sólo solemniza su acerba agonía/ sólo rememora su muerte fatal".

Los que hemos sido testigos de ese tiempo, conocemos la verdad de lo ocurrido: las acciones terroristas comenzaron, como señalamos, el 12 de marzo de 1960, durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi y que, como lo indicó la Cámara en la Causa 13, "... a partir de 1970 se agudizó en forma gravísima...", continuando en duro enfrentamiento con las FFAA durante los dos o tres primeros años del gobierno militar.

En realidad, la primera guerrilla se inició en la Argentina en 1959, pergeñada desde Cuba por John William Cooke, con un heterogéneo conglomerado de jóvenes que se decían justicialistas. Con el nombre de Uturuncos se instalaron al pie del cerro Cochuna, a menos de 100 kilómetros de la capital tucumana, pero en poco tiempo una drástica represión policial y de la Gendarmería desarticuló a la banda y detuvo a casi todos sus miembros.

Luego, en 1961, comenzó a operar en Santiago del Estero el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP), primera banda organizada por Mario Roberto Santucho, futuro jefe del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En 1963 surgió en Orán, Salta, el denominado Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), también pergeñado desde Cuba, conducido por el periodista argentino Jorge Masseti y el militar cubano capitán Hermes Peña Torres: su misión consistía en crear un foco rural preparatorio para la llegada de Ernesto Guevara y respaldar la formación de campamentos revolucionarios hacia el sur. Por orden del presidente Illia, su canciller Zavala Ortiz denunció en el Congreso los planes cubanos y la presencia en Cuba de centenares de jóvenes argentinos que habían viajado secretamente para recibir instrucción militar y afianzar su ideología. Enfrentado el EGP por la Gendarmería, quedó liquidado a comienzos de 1964, con la mayoría de sus integrantes presos.

En 1967, había ya en América latina alrededor de una docena de países donde la guerrilla operaba y parecía cerca del triunfo, lo que entusiasmó a muchos que, engañados, creyeron que en la Argentina sería fácil apoderarse del gobierno por las armas y establecer una patria socialista, sumándola al movimiento subversivo internacional con el que la ex Unión Soviética buscaba imponer su proyecto marxista-leninista, ante la superioridad tecnológica y nuclear de Occidente.

En consecuencia, hacia 1970, siete grupos armados claramente estructurados actuaban en la Argentina: Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), peronistas-marxistas; Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) , marxistas-leninistas; Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trotskistas-guevaristas; Guerrilla para el Ejército de Liberación (GEL), chinoístas-nacionalistas, y tres caracterizados como peronistas de izquierda: Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Descamisados y Montoneros. Cuatro de ellas confluirían unívocamente en Montoneros: FAR , FAP, Descamisados y Montoneros, conformando en 1971 las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP) que luego desembocaría en la "organización político-militar Montoneros".

Otros movimientos menores activos eran: el Movimiento Revolucionario Argentino (MRA), el Movimiento Revolucionario de Pueblo (MRP), el Ejército Revolucionario Nacional (ERN), la Guerrilla del Ejército Libertador (GEL), el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), el Comando de Acción Revolucionaria Popular (CARP) y las maoístas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Con las Actas tupamaras y el Minimanual del guerrillero urbano (del brasileño Carlos Marighela), esos movimientos guerrilleros crecieron soñando con la revolución. Pese a las diferencias, las bandas sólo competían entre sí por mostrarse con mayor capacidad de violencia. En los hechos actuaron aisladas y a veces expresamente coordinadas pero con el mismo objetivo común: la toma del poder mediante la lucha armada.

Un hito importante en la política de subversión en América Latina, que no debemos desconocer, fue la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana el 3/01/1966, cuyo objetivo era unir al Tercer Mundo en contra de Occidente y sus posesiones en todo el planeta. Esta conferencia no sólo llevó a la creación de la Organización Latino Americana de Solidaridad (OLAS) en 1967, sino que resolvió que las actividades políticas deberían tener un estrecho correlato con actividades militares, uno de cuyos primeros ejemplos sería la actividad guerrillera de Ernesto Guevara en Bolivia.

Concurrió a la reunión inicial de la OLAS (31/07/67) una nutrida delegación argentina, en la que se destacaban John W. Cooke, representante de distintos movimientos subversivos que cobrarían luego notoriedad como terroristas (Norma Arrostito, Roberto Quieto, Fernando Abal Medina - ejecutor del TGral. Aramburu -, entre otros), y el hoy conocido periodista "Pepe" Eliaschev.

La OLAS produjo varios documentos, pero el comienzo de su "Declaración General", cuya parte resolutiva es de 20 puntos, lo dice todo: "El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente; dicho objetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada". Después de esta declaración, las acciones revolucionarias en el continente se aceleraron notablemente, no sólo en el campo militar, sino también mediante acciones especiales de penetración en los medios culturales y periodísticos.

El intento de tomar el poder por la fuerza, empleando la violencia armada, fracasó en la Argentina estrepitosamente por dos factores: porque jamás los terroristas lograron moverse entre el pueblo "como pez en el agua", que era un requisito exigido por Mao en su manual de guerra de guerrillas, y porque las Fuerzas Armadas, secundadas por las Fuerzas de Seguridad y Policiales, los derrotaron ampliamente en su propio terreno.

Que lo ocurrido en nuestro país no fue una guerra se contrapone con la poco conocida y menos difundida (interesadamente) calificación y reconocimiento del hecho que realizaron los miembros de la Cámara Federal que condenó a los comandantes. Dijo en su sentencia,

en diciembre de 1985:

• Que "... En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de ‘guerra revolucionaria’".

• Que "... algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar ...".

• Que "... No hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales".

• Que "... Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado".

 

Los jóvenes que desfilan y gritan bajo los mitos y símbolos implantados por esos grupos ideologizados, sin haber vivido los hechos a que nos referimos y que lo ignoran todo, deberían leer ese documento íntegramente para conocer aspectos que no han tenido toda la difusión que merecían. Aquella falsedad se encuentra hasta en las antípodas del informe ´Nunca más´, publicado en 1984, cuyo prólogo comienza así: "Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda...".

Nada mejor para contribuir a entender la situación de aquel momento que lo expuesto por el ERP en su órgano ´El Combatiente´ en junio de 1974, durante el gobierno constitucional de Perón: "Siguiendo el exitoso ejemplo del pueblo y el ejército de liberación de Vietnam, ya se activan nuestras unidades rurales, transitando el concurso de la guerra revolucionaria hacia la patria socialista. La nueva etapa [...] indica como tarea más importante en el terreno militar la generalización de la guerra a todo el ámbito del país".

Esa "guerra revolucionaria", planteada por las organizaciones terroristas y así reivindicada por sus principales figuras como Firmenich, Santucho y Vaca Narvaja, entre otros, nunca respetó la Convención de Ginebra: en su forma urbana alteró varios factores que, como el terreno, desaparecieron y fueron reemplazados por la población, que es lo que les permitió a los terroristas enmascararse con el común de la gente, eliminando el factor distancia y dando un gran valor a la información. Integraban, por otra parte, una red internacional en la que el ERP, en 1974, pasó a dirigir la llamada Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) que lo congregaba, junto con Montoneros, a los Tupamaros uruguayos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno. Se establecieron además importantes bases de operaciones en Francia, Portugal, Italia, España, Suiza, Paraguay y Venezuela, a fin de desprestigiar internacionalmente a la Argentina, contando para ello en esos países con el apoyo de las izquierdas social-demócratas.

En octubre de 1976, el Consejo Nacional de Montoneros decidió que sus oficiales superiores y mayores abandonen el país. Esperando la caída del gobierno militar, la guerrilla debería mantener el acoso, a costa de sangre, como trampolín para volver luego y reconstruir lo perdido en una nueva expansión, equivalente pero en un plano superior a la del 72/73. Creían que si se salvaban unos 100 montoneros en el exterior y sobrevivían otros tantos en el país, bastaría para retomar su objetivo una vez liquidado el régimen militar. No pudo ser: en el primer trimestre de 1977, las FFAA terminaron de desarticular a los Montoneros como proyecto alternativo de poder.

Otro mito con el cual los terroristas se han autodefinido para la opinión pública. Nada más alejado de la realidad. "La idea de que los subversivos no eran criminales sino muchachos idealistas , especie de garibaldinos que luchaban por un mundo mejor, es la trampa con que pretenden cazar ingenuos ", decía el Dr. René Balestra (4). Eran simplemente terroristas, con el penoso privilegio de haber inaugurado ese tipo de crimen en la Argentina.

Sus principales mentores ideológicos, que pregonaron la dialéctica de las ametralladoras, no vacilaron en utilizar en sus operaciones a jóvenes adolescentes, como aquella niña de 16 años que murió despedazada por una bomba que ella misma estaba intentando colocar en una comisaría (5). ¿Cuál era la personalidad de aquellos que la programaron para esa inmolación y que desaprensivamente preparaban a esos jóvenes material, mental y anímicamente para matar y morir y los condujeron a la muerte? No precisamente la de jóvenes idealistas, ya que menospreciaron con sus prédicas y sus actos el valor de esas vidas.

El terrorismo es un método por el cual ciertos grupos fundamentalistas y fanáticos, cuyo poder es insuficiente para enfrentar a las fuerzas regulares del Estado, pretenden imponer sus ideas autoritarias utilizando una violencia delictiva e indiscriminada que destruye la convivencia pacífica, la libertad y los más elementales derechos humanos. De carácter preferentemente urbano, trata de domesticar a las sociedades por el terror, utilizando a los ciudadanos como rehenes para pretender los cambios que desea. Su lucha no es frontal sino selectiva y dirigida a objetivos que puedan mermar la legitimidad del Estado por la vía de la respuesta desproporcionada.

"El terrorismo no propone; dispone. Sabe que el diálogo es la senda que lo lleva a su perdición. De modo que no dialoga, monologa. Se hace oír matando. Condenando la diversidad de pareceres al exterminio. Su fortaleza la refrendan los muertos que siembra. Cuanto más mata, más real se siente [...] En la mira de su pistola están todos los que con él no coinciden. Sobre ellos concentra su fuego [...] Le urge la santificación del crimen, que al perder así todo relieve moral se convierte en mero operativo. En trámite. En procedimiento", afirmaba Santiago Kovadloff (6).

El terrorismo no es espontáneo. Es un procedimiento orgánico y predeterminado, destinado a instalar un clima intenso e incomprensible de temor. Los mismos grupos terroristas se autodenominaban "ejércitos". Así lo precisó el V Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) al fundar en 1970 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También lo hizo Montoneros en su parte de guerra 1/08/78 con el cual dio cuenta del atentado con bomba que mató a Paula Lambruschini y a 2 personas más e hiriendo a 10 vecinos y cuando copó el Regimiento 29 de Infantería de Monte, en la ciudad de Formosa, causando 12 muertos y 9 heridos.

Los ejércitos terroristas (ERP y Ejército Montonero) constituían una verdadera estructura militar. No eran partisanos (condición a la que no se le aplican las leyes de la guerra), ni grupos de delincuentes comunes o mafias que actuaban en provecho propio, sino organizaciones políticas y militares que querían tomar el poder por las armas; eran los brazos armados de las organizaciones terroristas que las mismas denominaron así, con la intención de desarrollarlos para enfrentar a las fuerzas regulares de la República. Muchos de sus cuadros fueron entrenados en escuelas para terroristas de Cuba, Nicaragua, Palestina, Vietnam, la ex Unión Soviética y otros países comunistas.

Poseían uniformes distintivos (en los ámbitos urbanos, en general, no usaban uniformes para poder confundirse con la población), mando dependiente del órgano político, grados, bandera (que no era la nacional), códigos de justicia militar, reglamentos de instrucción militar, servicios de inteligencia de muy alta profesionalidad, una desarrollada logística (servicio de sanidad, fábrica de armas, explosivos y equipos de comunicaciones y de interceptación de radio y TV, depósitos de alimentos, armas de gran poder de fuego y municiones, imprentas, cárceles clandestinas), servicios de finanzas, de prensa, de propaganda y de relaciones internacionales.

Lograron tener en el país, a mediados de los años 70, cerca de 5.000 combatientes (organizados, armados, equipados e instruidos) y 20.000 militantes "periféricos". Estos últimos, llamados "jetones" por los Montoneros, eran los que ponían la cara públicamente en nombre de la organización y al decir del ex montonero Gasparini, uno de sus integrantes, "poquísimos tenían autoprotección [...] se los dejó a merced de sus propios medios [...] eran profilácticos" (7).

Respecto de la capacidad de esos ejércitos, la Cámara Penal afirmó en su sentencia: "... También está fuera de toda discusión que a partir de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes, por su cantidad, por su estructura militar, por su capacidad ofensiva, por su poder de fuego y por los recursos económicos con que contaban" .

El genocidio, insistentemente denunciado por estos grupos por el alto impacto emocional que produce, fue definido por la Convención de Ginebra del 9 de diciembre de 1948, en su Art. 2º, como "la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal", circunstancias que no se dieron durante la guerra contra el terrorismo en nuestro país, ya que careció de las motivaciones que lo definen. Tampoco, de acuerdo con el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) creada en Roma en 1998 y reconocida por la Argentina en 2000, pueden tipificarse, técnica o jurídicamente, como genocidio los actos realizados por las partes enfrentadas en nuestro país.

Las seudo agrupaciones de "derechos humanos" reiteran también, sistemáticamente, la necesidad de reivindicar la memoria y la verdad de lo acontecido en los 70. La memoria es un valor sin el cual no se concibe la existencia de una nación solidaria y unida; es la "potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado", dice el Diccionario de la Real Academia Española (y no sólo parte de él, agregaríamos). La memoria a la que la desinformación insistentemente hace referencia aparece seriamente mutilada, a través de mentiras o verdades incompletas, porque no incluye el deliberadamente velado pasado anterior al 24 de marzo de 1976.

La memoria, la memoria genuina, no se cultiva de manera parcial extrayendo algunos momentos aislados de ese pasado, con desconocimiento de las acciones sangrientas de las bandas subversivas que asolaron en su momento al país. No es acertado y la historia lo demostrará.

La verdad, dice el mismo diccionario, es la "propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna; juicio o proposición que no se puede negar racionalmente ". Es un error examinar la historia reciente del país a partir de visiones reduccionistas y esquemáticas que hagan recaer unilateralmente las responsabilidades sobre un solo flanco institucional. Aceptar una memoria hemipléjica implica revalidar la verdad sólo aplicada a una parte de la historia y no precisamente a la inicial de esa época sombría.

Un futuro promisorio sólo habrá de lograrse con un restablecimiento pleno de la verdad, en toda su plenitud. ¿Por qué se ocultan los 21.655 hechos terroristas cometidos por esa juventud idealista, en verdad combatientes organizados militarmente para enfrentarse con las fuerzas regulares y no delincuentes políticos, como vimos lo había reconocido la Cámara Federal? ¿Por qué no afrontaron el castigo que la ley reserva a quienes atentan contra la vida o la integridad de las personas?

"Derecho, razón, equidad; lo que debe hacerse según derecho o razón", dice el DRAE. A través de una inclaudicable campaña de persecución ideológica con clamor de venganza, pero disfrazada de reclamo jurídico, los antiguos terroristas y sus organizaciones afines pretenden, y hasta ahora lo han logrado, que sólo sean sometidos a proceso los por ellos llamados "ex represores" mientras innegables "ex terroristas" y "ex secuestradores" están libres y sin cuestionamiento alguno.

Si como dijo la Cámara Penal en la Causa 13 "... No hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales", bien podemos decir que en la pretensión de esos grupos, no habría ni derecho ni razón ni equidad ya que se vulnera la Constitución Nacional en cuanto dice que todos los hombres son iguales ante la ley. Ellos únicamente reconocen y ponderan a la justicia cuando falla de acuerdo con sus intereses y esgrimen repetidamente como argumento que "los militares no han sido juzgados en el país". A esa manifestación respondía el ex ministro de Defensa Dr. Jaunarena: "Una cosa es que a alguien no le guste el contenido de un fallo o la aplicación de una determinada ley sancionada por el Parlamento en vigor de las garantías democráticas y otra cosa muy distinta es afirmar que no se ha juzgado" (8).

Debemos recordar que cuando los Comandantes fueron llevados a juicio, asumieron la plena responsabilidad tanto por las órdenes que impartieron como por lo actuado en consecuencia por sus subordinados contra el terrorismo, que cumplieron, primero por orden del gobierno constitucional y luego por el de facto. Sin embargo, muchos de ellos fueron procesados y condenados.

Han sido llamados a declarar como testigos, ante los jueces que han dictado el procesamiento de militares, simples terroristas que nunca fueron imputados ni procesados. Tal es el caso de Sara Solarz de Osatinsky, una entre los entrevistados en Suiza por el juez Dr. Bagnasco para tratar de obtener información sobre desaparecidos: fue fundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que aparecieron en escena el 30/03/70 con la toma de Garín (que incluyó el asalto a la sucursal del Banco Provincia y el asesinato de un policía y de una mujer) e integrante del grupo que en 1975 secuestró y posteriormente asesinó al cónsul de EE.UU. en Córdoba, Patrick Egan.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia declaró en varias oportunidades constitucionales las leyes 23492/86 y 23521/87 (llamadas de punto final y obediencia debida) por haber sido dictadas por el Congreso en ejercicio del poder expreso que le otorga la Constitución, en forma regular (entonces Art. 67 inciso 17; luego de la reforma del 94, Art. 75 inciso 20) a propuesta del presidente de la Nación, Dr. Alfonsín.

Hoy, el terrorismo que proviene de los fundamentalismos religiosos ha sido calificado por el mundo como "salvaje", "bárbaro", engendros irracionales resueltos a destruir las sociedades civilizadas y republicanas. Y en verdad no difiere ése, en esencia, del terrorismo que se ejerce desde ámbitos supuestamente racionalistas, como el iniciado en la Argentina en los años 60. Los terroristas que promovieron la violencia en nuestro país, abortando con sus crímenes el normal desarrollo de nuestra vida ciudadana, han matado a destajo y sin motivos, pretextos o disculpas valederos. La lucha contra sus estructuras, altamente profesionalizadas, se convirtió en una ardua y muy peligrosa tarea. Promediando 1973, el accionar terrorista era tan grande y sangriento que su método, de "matanza sistemática", sobrepasó la represión de las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual llevó a distintos gobiernos constitucionales a emitir los siguientes decretos:

•  Nº 1545 del 24/9/73: firmado por el presidente provisional Lastiri, bajo expresas directivas del general Perón, declarando ilegales al ERP, al PRT y a sus colaterales (¿por qué no se hizo lo mismo con Montoneros?).

•  Otro, de fecha 28/9/73: firmado también por Lastiri tres días después de que Montoneros asesinara al secretario de la CGT José Ignacio Rucci, hombre del círculo de confianza de Perón, facultando a los sindicalistas a portar armas legalmente

•  Nº 2452 del 6/09/75: firmado por la presidente M. E. M. de Perón, Ruckauf y otros ministros, en cuyos considerandos se afirma que "... el país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva [...] Que esa actitud configura el delito de sedición [...] que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan y la fomenten [...] que en tal situación se encuentra el grupo subversivo Montoneros sea que actúe bajo esa denominación o cualquier otra".

•  Nos 2770, 2771 y 2772 del 6/10/75: en el gobierno del presidente provisional Dr. Luder, subordinando al PEN las FFSS provinciales y ampliando la misión de las FFAA a todo el territorio de la Nación. El último disponía: "Las FFAA, bajo el comando superior del Presidente, [...] procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país". Entre otros, firmaron este decreto los ministros Ruckauf y Antonio Cafiero.

 

El asesinato de Rucci, el 25/09/73, conmovió a la clase política de tal modo que el propio Congreso comenzó a expresarse en una forma hasta entonces inusual, no sólo reconociendo la guerra sino reclamando una reacción a la agresión. Un ejemplo de ello fueron las duras palabras del diputado justicialista Stecco, que recomendó en su Cámara la sanción de leyes que otorgaran "amplios poderes a las FFA A , sin que con ello se quiebre la libertad , para perseguir a los subversivos hasta sus guaridas y matarlos como ratas, porque no merecen vivir en este suelo" (Diario de Sesiones, páginas 2506, 2532 y 2533).

López Rega, amparado por Perón, y como respuesta al asesinato de Rucci, organizó un grupo clandestino y criminal que se conoció como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), banda de la derecha peronista destinada a combatir ilegalmente a los elementos más radicalizados de la izquierda y de la cual, posteriormente, Amnesty Internacional decía tener pruebas para incriminarla en 1.500 muertes en 18 meses.

Ya el 19/01/74, siendo presidente el general Perón, se había producido el intento de copamiento de la Guarnición Militar Azul con las consecuentes muertes del jefe de la misma Cnel. Gay, su esposa y un soldado, y el secuestro del TCnel. Ibarzábal (posteriormente asesinado). En esa oportunidad el Presidente envió un mensaje a los jefes, oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición. Entre otras cosas, dijo Perón: "... que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República"; explícito y claro sentir del momento. Lamentablemente ni era tan reducido el número ni los pudo exterminar en razón de su cercana muerte (1/07/74).

La gravedad de la situación en 1975 había llevado al ministro de Defensa, Tomás Vottero, a expresar : "... que ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola alternativa, el exterminio total del enemigo". La posición del ministro reflejaba el criterio sustentado por numerosos dirigentes, impresionados por la guerra e impotentes ante la cruel embestida terrorista, de emplear las FFAA para combatir la subversión.

Decidir en esos días su empeñamiento en el conflicto era un acto de gravedad extrema resuelto a conciencia por las autoridades, toda vez que la guerra, para la cual las fuerzas son formadas, es de por sí la "no ley", y ellas deberán remover a cualquier precio, los obstáculos que pueden presentarse en el camino trazado hacia su objetivo. Pese a que no estaban preparadas para una guerra revolucionaria - tal como luego la reconocería la Cámara Federal -, los cuadros de las FFAA y de Seguridad iniciaron las operaciones por disposición de esos decretos, actuando institucionalmente; el sistema operativo adoptado fue uno solo y no sufrió cambio alguno a partir del 24/03/76. En pocos meses, y según propias declaraciones de subversivos, "... las FFAA inutilizaron 68 campamentos en la selva tucumana".

El 20-06-75 el ministro del Interior Rocamora daba, a requerimiento del periodismo, estadísticas que señalaban que desde el 25-05-73 a esa fecha se habían producido 5.079 actos terroristas, de los cuales 385 fueron homicidios. ¿Era ésa la juventud idealista, amante de la democracia, a la que se busca exonerar de su histórica responsabilidad?

Entre los atentados de considerable repercusión pública cometidos antes de 1973 y durante los gobiernos constitucionales del período 1973/76,estuvieron los atroces secuestros y muerte del ex presidente Aramburu, del TCnel. Ibarzábal, del coronel Larrabure, del empresario italiano Sallustro, del cónsul estadounidense en Córdoba John Egan y del director de El Día de La Plata, David Kraiselburd; los asesinatos del ex ministro Mor Roig, de los Altes. Berisso y Quijada, de los profesores Genta y Saccheri, de los sindicalistas Vandor, Alonso, Kloosterman, Rucci y Coria, y del jefe de la Policía Federal comisario Villar, entre otros muchos.

En nuestro país, los atentados terroristas no solamente fueron realizados contra militares y policías, gremialistas, políticos y notorios representantes de la institucionalidad y del empresariado opuestos al asalto del poder, sino también contra ciudadanos inocentes, mujeres y hombres, ancianos y niños, argentinos y extranjeros, la mayoría de los cuales realizaba sus tareas ajenos a la lucha ideológica en curso.

En 1975, las capacidades operativas de la subversión habían alcanzado un nivel muy alto: les permitió excavar entre las cloacas de Buenos Aires para amurar 70 kg de explosivos junto al túnel de Avenida del Libertador, para hacerlos explotar cuando pasara la Presidente y su comitiva en su trayecto desde Olivos a la Casa Rosada; dañar con explosivos, utilizando buzos, al destructor ARA Santísima Trinidad, a la sazón en alistamiento en AFNE, Río Santiago, y atacar el Batallón de Arsenales 601 en Monte Chingolo en un espectacular operativo nocturno con 300 combatientes.

Más allá de los asaltos a cuarteles y tomas de comisarías con robo de armamentos; secuestros de empresarios, muchos de ellos seguidos de muerte y con cuyo rescate financiaban sus operaciones (sólo el de los hermanos Born les reportó U$S 64 millones); asaltos y robos de camiones blindados, entidades financieras y bancos, etc. , el concepto de los terroristas de "combate contra militares" parecía ser esperarlos emboscados o disfrazados en la puerta de sus casas o en la calle y disparar indiscriminadamente contra ellos y sus familiares. Así cayeron la hija del TCnel. Cabrera, el Cap. Viola y su hija de 4 años, el Gral. Cáceres Monié y su esposa, el Cap. de Corbeta Bigliardi y el CN Burgos, por nombrar sólo algunos.

Las acciones de las organizaciones terroristas no sólo no fueron delitos comunes sino que los más virulentos fueron realizadas durante gobiernos constitucionales, cuando los terroristas no tenían argumentos para alzarse contra ellos. La metodología del terror indiscriminado, iniciada como dijimos el 12/03/60 y agudizada - como consecuencia de la ley de amnistía sancionada por el Congreso en 1973 - en el período 25/05/73-6/10/75, consistía en secuestros, atentados con armas o bombas y asesinatos. ¿Qué clase de insondable odio los condujo a hacer lo que hicieron? Parecería que la respuesta estuviera en una frase de la admonición que el juez estadounidense William Young le hizo a un terrorista, después de condenarlo por abordar un avión de pasajeros ocultando un explosivo en la suela de sus zapatos para hacerlo estallar tan pronto aquél levantara vuelo: "... Me parece que usted odia una cosa preciosa. Usted odia nuestra libertad, nuestra libertad individual, nuestra libertad para vivir como elegimos".

Entre 1962 y 1979, los terroristas perpetraron 21.642 hechos delictivos que, aproximadamente, pueden desglosarse de la siguiente manera: 1.501 asesinatos, 1.748 secuestros extorsivos denunciados, 2.213 intimidaciones armadas; copamientos de 45 unidades militares, policiales y de seguridad, 20 localidades, 80 fábricas, 22 medios de comunicación social y 5 locales de espectáculos públicos; atentados: 5.215 con explosivos, 1.052 incendiarios y 54 contra medios de comunicación social; robos: 2.042 de armamentos, 551 de dinero, 589 de vehículos, 36 de explosivos, 40 de documentos, 17 de uniformes , 73 de material sanitario, 19 de equipos de comunicaciones y 151 de materiales diversos; 261 repartos de víveres robados; 3.214 actos de propaganda normalmente armada; secuestros de materiales: 1.511 artefactos explosivos y 32 de materiales incendiarios; 866 actos de intimidación y 157 izamientos de banderas o símbolos subversivos en reemplazo de los nacionales (10).

De acuerdo con documentos de las propias organizaciones, sólo entre 1974 y 1975 ellas cometieron 6.762 hechos subversivos.

No se luchaba en ese momento contra ninguna dictadura ni había un régimen despótico ni opresivo. Entre mayo de 1973 y marzo de 1976, período durante el cual los terroristas subversivos cometieron el 52% del total de sus crímenes y los de las Tres A el 100%, no se dictó condena alguna contra ellos.

Cabe preguntarse , entonces: ¿por qué nunca llegó la hora de recordar esos hechos monstruosos?; ¿habrá que creer que por conveniencias políticas e ideológicas?

No debemos olvidar que al comienzo se intentó frenar los actos de terrorismo por métodos legales mediante la creación por ley, en 1971, de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, tribunal que juzgó y procesó, de acuerdo a derecho y garantizando el debido proceso, a más de 2.000 agentes del terrorismo y la subversión. Sin embargo, cuando asumió la presidencia el Dr. Cámpora, en 1973, el Congreso disolvió la Cámara Federal, derogó una veintena de normas destinadas a combatir el terrorismo y dictó por ley una amnistía general (que el Congreso aplaudió de pie y de la que hoy no se habla), que benefició con la libertad a más de 1.000 terroristas condenados y/o procesados judicialmente por esa Cámara, a cuyo ex juez Quiroga los mismos terroristas asesinaron en 1974. Además, por un decreto presidencial, se indultó a otros 370 con sentencia firme de la misma Cámara. Así, las bandas volvieron con mayor organización y saña para acrecentar su actividad, reincidir en sus crímenes y volver a atacar con más violencia a la sociedad.

Se llega así al 24 de marzo de 1976, sin que el oficialismo tuviera la capacidad para enfrentar a la desastrosa vorágine política, social y económica en que había caído el país. Tampoco la tenía la oposición; 48 horas antes del 24 de marzo decía públicamente Ricardo Balbín: "Hay soluciones, pero yo no las tengo". Estas declaraciones claramente se constituyeron en una exhortación virtual a las FFAA a que solucionaran de oficio lo que el gobierno no podía ni sabía resolver. Y así se dio la intervención militar, anhelada, esperada y alentada por toda la ciudadanía, como se puede leer en todos las revistas y los diarios nacionales y extranjeros de la época.

Este mito merece una consideración especial ya que la cifra que la propia CONADEP ha registrado es de 8.960 y sólo 7.400 familiares cobraron los subsidios por desaparición o muerte, dispuestos por ley (para esa ley los fallecidos por acción del terrorismo no cuentan y a los familiares que hicieron una presentación judicial, les fue negado el beneficio. "Aquéllos" parecían ser muertos VIP; "éstos", en cambio, parecían no tener valor). D´Andrea Mohr, afín a los subversivos, registra en su libro ´Obediencia debida´ 7.970 desaparecidos, de los cuales 977 lo fueron entre 25/05/73 y 24/03/76.

Los diputados nacionales Ramón Torres Molina, Marcela Bordenave, Jorge Rivas y Alfredo Bravo presentaron en 2000 un proyecto de ley prorrogando por 5 años el plazo fijado por la ley 24411 de enero/95 para la presentación de solicitudes de indemnización por fallecimientos debido a la acción de las FFAA entre el 16/06/55 y el 9/12/83, así como de desapariciones forzadas (tal plazo, que ya había sido prorrogado por otra ley anterior, vencía el 12/07/2000). Desde principios de 1995 y hasta el 30/03/00,según ellos, solamente se habían presentado 5.998 solicitudes por desapariciones y 1.402 por fallecimientos: en total 7.400.

Si, como repiten maliciosamente hasta el hartazgo las Madres de Plaza de Mayo y el CELS, entre otros, los desaparecidos fueron 30.000: ¿cómo es posible que los familiares de los otros 24.002 hayan guardado silencio hasta hoy? ¿Cuántos de los presuntos desaparecidos incluidos en el informe de la CONADEP se ha ido comprobando después que residían en el extranjero? ¿Cuántos fueron posteriormente "resucitando" en el país, a su pedido, para que se los diera de baja de esa nómina, como la Dra. Argibay Molina, hoy propuesta para ocupar una plaza en la Corte Suprema?

Si esto es así, y el artículo 5º de la ley 24411 dice textualmente: "En caso de aparición de las personas mencionadas en el artículo 1º, se deberá comunicar esta circunstancia al juez competente, pero no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya hubiera sido obtenido", ¿a cuántos "desaparecidos resucitados" se les habrán pagado los U$S 250.000

de indemnización?

Como es bien conocido, durante las presidencia de Perón y María E. Martínez de Perón se registraron centenares de desaparecidos y múltiples asesinatos, casi todos ellos planeados y ejecutados desde las mismas filas del gobierno constitucional, demostrativas de que lo que los grupos de DDHH califican hoy como "terrorismo de Estado" había empezado bastante antes de 1976. Hubo 908 desaparecidos sólo entre 1975 y el 24-03-76 y se dice que casi todos por la Triple A. ¿Quién se hace cargo de ellos? Decía René Balestra: "Se sabe, aunque una ancha franja de la sociedad finja ignorarlo por especulación non sancta, que la Triple A no fue una creación espontánea, original , de López Rega sino la respuesta a una orden impartida por quien lo dirigía para repeler el copamiento del partido político inventado por él. Creer que a Juan Domingo Perón – hasta su muerte - ‘se le escapaba de las manos’ López Rega es la obra maestra de la prestidigitación" (11).

Para encubrir ese dato irrefutable de la historia, esas 908 desapariciones aparecen minimizadas en el informe de la CONADEP, que las define como "pruebas piloto". Resulta procedente preguntarse entonces ¿por qué el gobierno instaurado en 1983 no dispuso investigarlas? Otros "desaparecidos" resultaron refugiados en México, Suecia, Francia, Alemania, España, etc. Algunos pocos fueron ejecutados por traidores por sus mismos compañeros.

El marido de la Sra. De Bonafini "la denunció, en conferencia de prensa, poco después de la guerra de Malvinas, asegurando que su hijo no estaba ‘desaparecido’, sino que vivía en Barcelona, España, pagado por el aparato extranjero de la red de ‘solidaridad’; que estaba casado y tenía un hijo" (12). Saque el lector sus conclusiones. Hay gente que, como una forma de vivir, ha hecho un negocio de este conflicto; a veces vive de la muerte y otras lucra con ella.

Esgrimen también la denuncia de este mito que, por su contenido, resulta ridículo y sin sustento ni asidero real. Esta campaña la motorizan las Abuelas de Plaza de Mayo y los grupos de "derechos humanos", y la basan en la también falsa afirmación de un plan sistemático de apropiación indebida de niños provenientes de madres caídas en la guerra. En 1984, la CONADEP comenzó a recibir denuncias que fueron posteriormente transferidas a diversos juzgados federales y a la cámara federal que juzgaba a los comandantes.

Un trabajo de investigación llevado al cabo por el ´Foro de la verdad histórica´, formado por militares y civiles, determinó con especificación de nombre, modo, tiempo y lugar, la entrega de 227 menores a sus familiares o autoridades tutelares, habiendo comprobado que sólo hubo 12 casos de apropiación de menores. De esto resultó que: 1) ninguno de los jueces intervinientes en los 12 casos probados ni en ningún otro, juzgó diciendo que formaran parte de plan sistemático alguno; 2) los responsables de los 12 casos mencionados (de los cuales sólo 2 eran militares) fueron enjuiciados.

En 1996 las Abuelas de Plaza de Mayo , desplegando en los medios una intensa acción de propaganda , comenzaron una fuerte campaña denunciando "500 casos" de apropiación de menores (inexistentes), p e r o, al carecer de evidencias , pronto los redujeron a 240.

Denunciaron luego sólo 194, después reducidos a 34, de los cuales, como hemos visto, sólo 12 fueron comprobados y 22 se mantenían en espera de pronunciamiento judicial.

El ex fiscal adjunto actuante en el juicio a los comandantes (Causa 13), Luis Moreno Ocampo , dijo en 2003, en un reportaje periodístico, que "... la sustracción de menores es cosa juzgada. Dentro de la denominada "causa trece " se englobó todo y esto lo vengo diciendo desde hace años" (13).

De lo expuesto, debemos inferir que no sólo resulta ruin, falsa y ridícula la denuncia, sino que, por el contrario, el único plan sistemático alrededor de este mito, fue la devolución de los 227 menores por parte de las FFAA.

Para conocer en profundidad la historia completa y los objetivos del terrorismo que asoló la Argentina en las décadas de los años 60 y 70, así como interpretar los hechos de hoy y lo que puede deparar el futuro que buscan, nada mejor que, además de releer a Gramsci, examinar las publicaciones (notables por su contenido auto condenatorio), en las que los propios terroristas narran y hacen público su verdadero accionar y los hechos que cometieron. Relatan en ellas con total desprecio e impunidad asesinatos, atentados, robos, secuestros extorsivos, etc. Y así, tal vez sin proponérselo, han realizado por medio de ellas, un aporte inopinado al esclarecimiento de la verdadera naturaleza de la guerra interior que ellos iniciaran contra el Estado argentino y su sociedad.

A la luz de esos documentos y ante las voces de los sectores que ensalzan la acción de los guerrilleros y exaltan al terrorismo subversivo como una gloriosa gesta que pretendió mejorar la sociedad, las palabras memoria, verdad y justicia esgrimidas por esas agrupaciones resultan vacías de contenido y sinceridad.

Una muestra de ello la da Juan Gasparini, autodefinido como "militante de FAR, luego de Montoneros y sobreviviente de la ESMA", hoy radicado en Ginebra, Suiza. Dice en su libro Montoneros, final de cuentas (Ed. de la campana, 1999, pág. 29) refiriéndose a la estrategia de los primeros terroristas Montoneros: "Se proponía ‘ir constituyendo el Movimiento Armado Peronista, que junto a otros grupos armados desarrollará la guerra popular para la toma del poder y la puesta en marcha del socialismo nacional’ [...] A fin de ‘reconquistar el poder, para hacer posible el regreso de Perón y el pueblo al poder, tenemos que derrotar definitivamente al ejército de la oligarquía y el imperialismo. Para ello no bastan las movilizaciones, las huelgas, la lucha electoral, porque si bien las formas de lucha son legítimas, lo son encuadradas dentro de una estrategia de guerra popular ya que a un ejército se lo derrota con otro ejército’. Esa ‘guerra popular’ debía ‘ser total, nacional y prolongada, pues suponía la destrucción del Estado capitalista y de su ejército’, ‘la emancipación del dominio extranjero, a la par que la reivindicación del pueblo argentino’ y la formación de un ‘ejército popular’, lo que implica tiempo para desarrollarlo y además debido a las características del ejército enemigo, al cual no es posible derrotar en un combate y sí, en cambio, desgastarlo en la lucha a través del tiempo".

Ya parecía presagiar ese período y este presente Ricardo Balbín, innegable demócrata y republicano, al cerrar su campaña electoral en La Plata en septiembre de 1973, cuando entre otras cosas dijo: "...Así, sin reconocerlo o queriendo, se ha fomentado una juventud para matar, para destruir. La toleraron, la utilizaron... y nosotros decíamos siempre ¡cuidado! No fomentarla. Porque algún día vendrá a presentar la cuenta..." (14).

Entre otros libros escritos por terroristas subversivos, amén de revistas y documentos, vale la pena ojear :

§ Revista La causa peronista, Año 1 Nº 9, Eduardo Firmenich y Norma Arrostito (narración del ajusticiamiento del teniente general Pedro Eugenio Aramburu).

§ Hombres y mujeres del PRT – ERP, Arnold Kremer.

§ La voluntad, Eduardo Anguita y Martín Caparrós, 3 tomos.

§ Montoneros – Final de cuentas, Juan Gasparini.

§ Montoneros, la soberbia armada, Pablo Giussani.

§ La otra historia – Testimonio de un Jefe Montonero, Roberto Cirilo Perdía.

§ Diario de un clandestino, Miguel Bonasso.

§ Confesiones de un Montonero, la otra cara de la historia, Eugenio B. Méndez

 

Tampoco pueden dejar de consultarse las obras que, desde una visión conceptual opuesta a la guerra por ellos desatada, han tratado de difundir la otra cara de la verdad que la desinformación ocultó, obras que, en un principio, circularon limitadamente fuera del ámbito militar. Entre ellas:

§ La otra parte de la verdad, Nicolás Márquez.

§ Los 70 – Violencia en la Argentina, Ed. Círculo Militar.

§ In Memoriam, tomos I, II y III, Ed. Círculo Militar.

§ Subversión: la Historia Olvidada, Ed. AUNAR.

§ Por amor al odio, tomos I y II, Carlos M. Acuña.

§ Definitivamente... nunca más (La otra cara del informe de la CONADEP), Horacio M. Lynch y Enrique V. Del Carril, Ed. FORES.

§ Guerra revolucionaria en la Argentina (1959 – 1978), general Ramón G. Díaz Bessone, Círculo Militar.

§ Verbitsky – De La Habana a la Fundación Ford, Carlos M Acuña.

§ Soldados de Perón, los Montoneros, Richard Gillespie.

 

Interesante resulta también revisar los Diarios de Sesiones de la época, en ambas Cámaras del Congreso, como señaláramos más arriba, para conocer las cambiantes posturas y discursos de los legisladores de entonces en cada circunstancia, muchos de los cuales hoy, con la complicidad de considerables medios de comunicación, especulan con la desmemoria de gran parte de la sociedad.

Sí, hay que creer en la memoria, en la verdad y en la justicia como se declama constantemente, pero completas y sin amputaciones. El pretendido encubrimiento sistemático de ese período, que nos dejaría anclados en un pasado insanablemente falso, no ayudará a cerrar heridas ni a obtener la buscada reconciliación.

Los esquemas de la interpretación de la historia deben inspirar la educación ciudadana con un balance sereno y racional, una visión histórica completa, equilibrada y veraz de lo que realmente ocurrió.

Los pueblos deben rescatar toda la verdad al revisar su pasado, no sólo la que conviene a un sector o a una concepción ideológica determinada.

La historia no admite fragmentaciones interesadas; es necesario iluminar todos sus recovecos para, así, extraer todas sus enseñanzas.

Hoy, cuando ha transcurrido más de un cuarto de siglo de todos estos hechos dolorosos, el país necesita construir un camino de reconciliación a partir de la verdad, rigurosa, sin dobleces y sin trampas. Así el país podrá mirar hacia el futuro, manteniendo viva la memoria pero enterrando los odios y sin que ningún sector pretenda extraer ventajas políticas ocasionales de lo que fue causa de tanto dolor y de tanto derramamiento de sangre.

Para que emerja la completa verdad, tenemos que batallar y generar un clima de debate que permita hacer la defensa institucional, porque hoy, la Argentina, como adormecida, sigue públicamente mirando la mitad de la realidad.

Debemos hacerlo en homenaje a los centenares de personas asesinadas y torturadas por la subversión, a sus familiares que pasivamente están soportando una reivindicación del terrorismo que segó esas vidas, y al sacrificio de nuestros muertos y de todos los que combatieron al terrorismo convencidos que lo hacían dentro de un esquema institucional.

* * * *

* El contraalmirante Oscar Jorge Calandra egresó de la Escuela Naval en 1956. Realizó los Cursos de Capacitación en Salvamento y Buceo, Especialización en Submarinos, Orientación en Comunicaciones, y Oficial del Estado Mayor.

 

Sirvió en la Fuerza Naval del Plata y la Flota de Mar. Fue Jefe del Grupo de Reflotamiento de los buques-tanque de YPF Cutral Co y Fray Luis Beltrán y Subjefe del Grupo Técnico Inspector de la Armada para la construcción del BDT San Antonio.

 

Fue Segundo Comandante del submarino Santa Fe, del destructor Bouchard y de la fragata Libertad. Comandante de los avisos Yamana y Gurruchaga, la lancha rápida Indómita y el submarino Santiago del Estero.

 

Entre otros cargos prestó servicios como Edecán del Presidente de la Nación, Jefe de Armamento de Personal Superior, Jefe de Relaciones Públicas,Agregado Naval Adjunto y Subjefe de la Comisión Naval en los Estados Unidos, Jefe del Departamento Doctrina del Estado Mayor Conjunto y Jefe de Política y Estrategia de la Armada.

 

Como contraalmirante fue designado Secretario General Naval, luego Agregado Naval en los Estados Unidos, Agregado de Defensa y Presidente de la Delegación Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa. Pasó a retiro voluntario en 1990.Ejerció la presidencia de la Liga Naval en los años 1994/95.

 

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