La decisión del juez español Baltasar Garzón de procesar a 98 argentinos que participaron del último régimen militar, por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas y de pedir su captura internacional constituye una abierta violación al principio de territorialidad de la ley penal y a la soberanía nacional.

No se trata de defender aquí las injustificables violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso militar, que signaron uno de los períodos más sombríos de la historia argentina, junto con la despiadada acción de los grupos guerrilleros.

Es verdad que en el mundo tiende a imponerse la idea de que los delitos de lesa humanidad, que no sólo agravian a los habitantes del país en el que ocurren, sean juzgados por una instancia superadora de los exclusivismos territoriales. Sin embargo, hasta tanto no se cuente con leyes o tratados internacionales por medio de los cuales se instauren juzgados supranacionales debidamente organizados y constituidos con anterioridad a los hechos que se sometan a juicio, nadie está en condiciones de violar el principio de territorialidad de la ley penal. En otras palabras, los delitos penales deben seguir siendo juzgados, necesariamente, en el país donde fueron cometidos.

No está de más recordar que en julio del año último unos 130 países acordaron crear una corte penal internacional. Pero la iniciativa no pudo ser concretada hasta ahora, fundamentalmente por la oposición de dos potencias mundiales, tales como los Estados Unidos y China. Y aun cuando fuese creada, resulta claro que no podría ejercer su jurisdicción con carácter retroactivo.

En el caso que nos ocupa, la decisión del juez Garzón también resulta improcedente porque algunos de los militares a los que ahora procesa ya han sido juzgados y condenados por los tribunales argentinos. Muchos otros no fueron sometidos a juicio en virtud de que fueron beneficiados con las leyes de punto final y de obediencia debida, iniciativas que podrán merecer cuestionamientos, pero que nadie puede negar que emanaron de las autoridades nacionales legalmente constituidas, con la correspondiente aprobación parlamentaria.

Toda sociedad debe tener pleno derecho a resolver por sí misma los grandes desencuentros políticos y los más penosos hechos que haya sufrido a lo largo de su historia. La Argentina ha efectuado, desde la reapertura democrática de diciembre de 1983, enormes esfuerzos en ese sentido, no exentos de enfrentamientos y de resentimientos que sus habitantes aspiran a superar completamente algún día.

Otros países han sufrido hechos tan luctuosos como los que vivimos los argentinos durante la década del 70 o guerras civiles que provocaron el desgarramiento de sus sociedades y la pérdida de numerosas vidas. El juez Garzón debería saber que, sin ir más lejos, España, cuando dejó atrás el franquismo e inició su senda democrática, se cuidó de evitar los revanchismos políticos y buscó la reconciliación nacional, al igual que la cicatrización de viejas heridas.

El rechazo a la decisión del magistrado español no implica, entonces, la negación de los graves hechos sucedidos en nuestro país ni su olvido. Representa, en cambio, un sentimiento de indignación por lo que puede considerarse una injerencia en asuntos que hacen a la soberanía de un país y que fueron objeto de la justicia argentina.

Corresponde elogiar, entonces, la firmeza con la que tanto el presidente Carlos Menem como el doctor Fernando de la Rúa, se han pronunciado frente a la pretensión del juez Garzón, que viola todos los principios clásicos del derecho penal, más allá de que cualquier pedido de extradición deba ser resuelto por la justicia argentina.

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