Como lo señaló anteayer un editorial de La Nación, las reacciones del presidente Carlos Menem y de su inminente sucesor, Fernando de la Rúa, ante el pedido de captura de 98 militares de la Argentina por parte del juez español Baltasar Garzón han sido coherentes y correctas. Ambos han sustentado el principio de territorialidad de la ley penal.

Tiene particular importancia la actitud del presidente electo, por ser ésta su primera decisión en un tema importante, que tiene implicancias jurídicas y que, además, toca a cuestiones entrañables y dolorosas para distintos sectores de nuestra sociedad. Su posición ha sido que "no se justifica la intervención de jurisdicciones extranjeras, cuando actúa la jurisdicción argentina en el marco de su soberanía y su propia legalidad".

Más allá de la validez jurídica y de lo que imponen los principios de la territorialidad y de la cosa juzgada, está claro que la aceptación de lo solicitado por el juez Garzón abriría heridas que nuestra sociedad ha intentado cicatrizar en las dos últimas décadas. La búsqueda de equilibrios en ese campo no ha sido fácil. En la década de los 80 se impulsaron los juicios a las juntas de comandantes y a otros oficiales y luego las leyes de obediencia debida y punto final, ahora derogadas, así como más tarde los indultos.

Quedan aún insatisfacciones que deberán reducirse con el tiempo. La cruzada simplificadora emprendida por un juez no tiene efectos mayormente significativos en España o en los otros países europeos, donde a lo sumo brinda oportunidad para la fijación de posiciones políticas o ideológicas, sin consecuencias internas. No es lo mismo para la Argentina, como tampoco lo es para Chile el procesamiento de Pinochet, ni lo sería para Uruguay si tuviese que afrontar iniciativas parecidas.

La experiencia de los distintos países del Cono Sur en la lucha antisubversiva de los años sesenta y setenta, no fue la misma, pero tuvo rasgos comunes. En la Argentina y en Uruguay la escalada subversiva estuvo impulsada por el extremismo de izquierda o de derecha, según el caso y adoptó con frecuencia la forma del terrorismo urbano. Su expansión y grado de violencia llevó a poner en riesgo las estructuras del Estado y superó a las fuerzas convencionales de seguridad. Las fuerzas armadas tomaron en sus manos la represión motu proprio o convocadas por el poder civil. El paso al derrocamiento de los gobiernos constitucionales fue en buena medida la consecuencia de esas lamentables circunstancias y no sólo el resultado de conspiraciones originadas por la vocación de ocupar el poder político.

Los excesos ocurridos en la lucha antisubversiva suelen ser vistos como consecuencia de contravalores morales enraizados previamente en las fuerzas armadas, pero no en todos los casos fue así.

A veces obedecieron a las dificultades que surgen cuando se combate contra un enemigo numeroso pero no uniformado, con organización celular y clandestina, que se infiltra, secuestra y hasta asesina rápidamente. Por supuesto, nadie puede justificar los crímenes perpetrados como parte de la acción represiva contra las agrupaciones extremistas, pero no todos los sectores de la institución militar fueron responsables de esos extravíos. Lo prueba el hecho de que, en la Argentina al menos, las propias fuerzas armadas apartaron de sus cargos a los principales responsables de aquellas desviaciones, una vez vencido el terrorismo.

Una parte de la opinión internacional ha aceptado una visión esquemática, que repudia con plena razón las violaciones a los derechos humanos en la lucha antisubversiva, pero no siempre se profundiza en el análisis de los hechos históricos que condujeron a esas graves desviaciones.

La opinión internacional, que tiende a apoyar la acción del juez Garzón, seguramente no toma en cuenta la debilidad que exhibía nuestro sistema democrático frente al fenómeno del terrorismo, cuando por ejemplo se sancionó en 1973 la ley de amnistía o cuando se desmanteló el fuero judicial especial para el terrorismo. Hay pliegues y culpas distribuidas en la historia argentina de las que muchos sectores de la sociedad deben hacer examen de conciencia.

En el marco del más amplio reconocimiento de todas esas circunstancias históricas deben buscar los argentinos las formas de acercamiento que permitan avanzar hacia la necesaria reconciliación nacional.

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