Bahía Blanca, domingo 14 de Noviembre de 1999

SI SE precisaba de una comprobación adicional acerca de su falta de responsabilidad jurídica y moral, el juez Baltasar Garzón acaba de darla con el procesamiento de un grupo de militares argentinos y su pretensión de obtener de nuestras autoridades la necesaria extradición para juzgarlos en España.
EL PRETEXTO para este nuevo desafuero es que las presuntas víctimas serían españolas. Pero ambas decisiones han sido apeladas por el fiscal de la causa, y es de esperar que el tribunal de alzada las revoque por manifiestamente improcedentes, en este caso.
PESE A que en otro anterior un tanto menos absurdo, el del general Augusto Pinochet, dio curso favorable al pedido de extradición y comprometió la reputación de la justicia española en el campo internacional.

Al punto que el mismo juez británico que aceptó ese pedido, sin duda para salvar sus escrúpulos de jurista, y tomando a pretexto una ignorancia ficticia de la leyes españolas, hubo de acotar: "¿Puedo yo, un magistrado sin conocimiento particular y francamente ni siquiera general, decir lo contrario (a lo resuelto por la Corte Española)? Creo que no".
CON ESTA acotación, estaba sugiriendo, a la manera indirecta de los abogados británicos, que el pedido de extradición del general Pinochet no se ajustaba al derecho vigente en España, pero que, viniendo refrendado por la autoridad judicial suprema y el propio gobierno de ese país, no tenía más remedio que tenerlo por válido, en razón de su falta de jurisdicción para juzgar sobre el punto.
NO SERIA imposible que también ahora las mismas autoridades presten su apaño al juez Garzón, sea por afinidades ideológicas con el Partido Socialista, sea por seguir la tendencia pronta para cualquier extralimitación legal cuando se trata o se alegan los derechos humanos.
SIN EMBARGO, con respecto a los militares argentinos, parece imposible que exista más de un magistrado que se haga cómplice de semejante desvergüenza.

El tratado de extradición entre la Argentina y España, firmado en el año 1987, es clarísimo y contiene varias disposiciones que invalidan totalmente el posible requerimiento de extradición.
SU ARTICULO 7º es definitivo, al establecer: "Cuando el reclamado sea nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley". Y la legislación argentina a aplicar exime de culpa o declara inexistentes los delitos que pudieran haberse cometido en las peripecias de la guerra contra la subversión marxista.
CONFORME A esa legislación, fueron juzgados y quedaron absueltos casi todos los militares requeridos. Consecuentemente, también los ampara otra cláusula del tratado citado, el inciso d) del artículo 9º, que reza: "No se concederá la extradición... d) Cuando la persona reclamada hubiese sido juzgada en la Parte requerida por el hecho que motivó la solicitud de extradición".
Y CON respecto a aquellos militares que no hubieran sido juzgados por los hechos de que el juez Garzón los acusa, media otro artículo, el número 11, el cual dice: "La extradición podrá ser denegada, a) Cuando fueren competentes los tribunales de la Parte requerida, conforme a su propia ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición". Norma que rige aun cuando las personas reclamadas no fuesen nacionales del país requerido.
CON LO cual quedan cubiertos todos los casos que el juez Garzón haya querido abarcar.

Ello, sin invocar otras excepciones previstas por el tratado para los delitos políticos o conexos con lo político, así como también para los delitos militares, que no pueden ser, en ningún supuesto, objeto de extradición. Pero no es necesario ir tan lejos. Basta con los dos artículos antes transcriptos, para comprender por qué un político argentino, no menos socialista que el juez Garzón, el ex presidente doctor Raúl Alfonsín, haya tenido que calificar de "dislate" la decisión de su correligionario espiritual.
ES, EN efecto, un dislate jurídico, pero no por ignorancia ni por aquello de que, en toda interpretación de un texto legal, una biblioteca afirma que sí y otra que no. Aquí no hay interpretación ni siquiera tergiversación posible.

EXISTEN, aparentemente, intereses muy personales.

No es un juez bien famado en Madrid, y no precisamente por nada relativo a los derechos humanos, sino a actuaciones suyas en regiones menos etéreas. Los derechos humanos le vienen de perilla para posar de lo que no es, un idealista descaminado que ve gigantes donde hay sólo molinos de viento. El sabe inventarse sus molinos de viento.

LA FORMA legal de esta empresa muy particular es lo de menos. De ahí que contratase o tentase a un marino argentino, cuyo testimonio ya nada valía en nuestro país por la devaluación del testigo.

Una campaña que no tiene por mira la justicia. No podría tenerla la que impúdicamente la utiliza, la que se ríe de la ley y del contenido expreso de un tratado que es imposible ignorar, porque se aparece apenas se emprende el estudio de la cuestión.
RAZON HA sobrado al actual gobierno en negar todo tipo de colaboración a la ridiculez de un juez que aspira a la jurisdicción universal.

Y mal haría el nuevo gobierno, como lo ha anunciado el presidente electo, en dar pase a la justicia de una eventual nota diplomática que contuviese el requerimiento de extradición. Las notas de ese tipo, que de por sí importan una insolencia, al no guardar las formas mínimas de seriedad y respeto, ni se contestan ni se da de ellas siquiera un aviso de recibo: sencillamente, se las devuelve.

Regreso directo a la página índice principal >>>>