"FORO DE LA VERDAD HISTÓRICA"
editado por la
"ASOCIACIÓN DE EXCOMBATIENTES CONTRA EL TERRORISMO EN LA ARGENTINA"
Nota de tapa de "LA NUEVA PROVINCIA" del jueves 18 de noviembre de 1999
Desaparecidos
"La herencia que recibe De la Rua"
Son varias las causas similares a la de nuestra ciudad que se tramitan en el país
El lunes 13 de diciembre, el presidente Fernando de la Rúa - con 72 horas en el cargo -, su flamante ministro de Defensa y el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército deberán afrontar la primera citación ante la Cámara Federal local de un oficial en actividad de esa fuerza, para que declare en la investigación sobre el destino de los desaparecidos.
Se trata del teniente coronel de Infantería Julián Corres, actual jefe de una unidad de Inteligencia en la Patagonia, quien era un oficial joven en los años 76-77. El tribunal no habría decidido aún si comparecerá en calidad de testigo, de imputado o si se tratará de una simple declaración informativa, pero las declaraciones serán filmadas en una sala especialmente equipada.
Pudo saberse, asimismo, que la Cámara pidió al Ejército que identifique a los periodistas acreditados en el comando del V Cuerpo de Ejército en 1976 y 1977, lo que constituye el primer requerimiento judicial de este tipo desde que, hace 17 años, comenzó a ser investigada la represión antisubversiva.
Las causas similares a la de nuestra ciudad que se tramitan en las cámaras federales de La Plata, Córdoba y la ex Capital Federal, más algunas que son seguidas en juzgados federales, son, en lo inmediato, potencialmente más conflictivas para el gobierno de la Alianza que la causa que lleva el juez Baltasar Garzón en España.
El magistrado español recibió denuncias contra poco menos de 250 militares argentinos y libró orden de captura internacional - por ahora, sin efecto práctico en nuestro territorio - contra 98 de ellos.
Las cámaras federales han reclamado a las Fuerzas Armadas el envío de legajos - con fotografías - de más de 5.000 cuadros y, en el caso del titular del Juzgado Federal N° 9, Juan José Galeano, pidió, en una causa por privación ilegal de la libertad, la nómina de todos los oficiales y suboficiales del Ejército en el trienio 76/78, lo que significa alrededor de 40.000 personas.
En su momento de mayor conflicto a raíz de los juicios, en vísperas del alzamiento militar de Semana Santa de 1987, cuando el entonces teniente coronel Aldo Rico tomó la Escuela de Infantería, los militares citados por la justicia eran alrededor de cuatrocientos.
Obviamente, los pedidos de legajos documentos confidenciales, a los que los propios sujetos no tienen acceso, no significan lo mismo que las citaciones, pero plantean una perspectiva conflictiva por su masividad.
La situación fue advertida formalmente al gobierno y a la Alianza por los altos mandos del Ejército en abril de 1998 y, luego, fue motivo de muy reservadas conversaciones entre el oficialismo y la oposición, sin lograr progresos hacia un acuerdo.
El ministro de Defensa, Jorge Domínguez, designó hace meses, para buscar una solución al problema, al ex miembro de la Corte Suprema Mariano Cavagna Martínez, quien mantuvo un par de conversaciones con el representante de la Alianza, sin proponer ninguna salida concreta a la situación.
Esa fue la única actitud concreta de Domínguez, quien, ante los requerimientos judiciales y los interrogantes de los Estados Mayores ante cada hecho, se limitó a disponer que se proceda "según la normativa vigente".
La síntesis de los requerimientos judiciales que deberá afrontar De la Rúa es la siguiente:
* Cámara Federal de La Plata: causa Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) s/presentación-averiguación.
El tribunal ordenó remitir los legajos, con fotografías, del personal de Regimiento 7 y del Batallón de Comunicaciones 601, en los años 1976/79. También pidió informes sobre miembros de otras Fuerzas Armadas o de las de seguridad, que prestaron servicios en esas unidades.
El reclamo judicial implica a más de mil individuos, básicamente del Ejército y de la Armada.
* Cámara Federal de Bahía Blanca: causa Presentación de la APDH de Neuquén y Bahía Blanca y otros en causa N° 1 1/86, sobre el destino de los desaparecidos.
Se dispuso que las fuerzas envíen los legajos abreviados de integrantes de los Estados Mayores de las zonas, subzonas y unidades, además de los destacamentos de Inteligencia de nuestra ciudad y Neuquén.
También pidió la nómina de periodistas acreditados y la lista completa de oficiales y suboficiales (grado, cargo, destino, fecha de asunción) que prestaron servicio en el V Cuerpo de Ejército en 1976 y 1977.
Significa el envío de datos sobre unas 2.500 personas, también del Ejército y de la Armada.
* Juzgado Federal 3, de Córdoba: causa Pérez Esquivel Adolfo, Martínez, María s/presentación.
Dispuso que el Cuerpo de Ejército III le envíe la lista (nombre completo, número de documento y domicilio) de todos los oficiales, suboficiales y soldados que prestaron servicios en Córdoba desde el '75 al '78.
Implica la remisión de datos sobre poco menos de diez mil personas.
* Juzgado Federal 2, de Tucumán: causa Jerez, Domingo Antonio, s/denuncia en contra de D. Bussi.
El juez pidió la lista de datos de los cuadros del Ejército que se desempeñaron "en Tucumán y, en especial en las bases militares de Caspichango y El Timbó".
La disposición judicial no precisa fecha, pero asumiendo que se refiere a los años en que Bussi se desempeñó como militar en actividad en la provincia, podría referirse a unas 1.500 personas.
* Juzgado Federal 9, de la ex Capital Federal: causa Mignone, Emilio y otros s/denuncia por privación ilegítima de la libertad.
El magistrado Juan José Galeano pidió, "a la mayor brevedad posible, los listados de oficiales y suboficiales que hayan pertenecido a esa fuerza durante los años I976/77".
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Comentarios de este Foro de la Verdad Histórica
- Todo indica que las leyes denominadas de debida obediencia y punto final están siendo transgredidas en su espíritu y en su letra. Su objetivo superior de pacificar el país luego de aquella verdadera guerra civil de los 70' es así burlado y nuevamente la sociedad argentina tiene gratuitamente instalado el problema.
- Dichas leyes expresaban claramente que los únicos aspectos no cubiertas por ellas eran: a) los robos tipo botín personal y b) las apropaciones puntuales de menores.
- Los robos que no estén bajo proceso ya están prescriptos por la ley común.
- Respecto a las apropiaciones de menores, ya había sido establecido en la Causa 13 de los ex Comandantes, que no habían ocurrido como parte de planes u acciones sistemáticas, lo dispusieron en base a las mismas denuncias actuales, es falso que solo fueran dos o seis en esa época; solo se podría juzgar a los responsables directos de los pocos casos realmente sucedidos. Desde un principio esclarecidos juristas advirtieron que su redacción ambigua daría lugar a tramposas interpretaciones para reabrir causas contra militares, no fueron oidos y sabemos que así ocurrió.
Un ejemplo patético es el juicio del juez Bagnasco, el cual ha caído en un claro abuso de autoridad judicial, en un juicio propio de comisarios políticos totalitarios, ya que todo el expediente confirma que no hubo tal plan sistemático; no podía ser menos al tratarse de los mismos testigos y acusaciones ya presentados en 1984 ante la CONADEP y sobre los cuales se expidió la Causa 13, por ello los ex Jueces y el fiscal Moreno Ocampo no concuerdan con este segundo round ajuridico, solo un activista sospechado de estar a sueldo como Strassera puede justificarlo. El gobierno saliente sería un responsable importante, al haber iniciado la "construcción de esta causa" desde la Subsecretaría de DDHH, a la cual llenó de ex Montoneros y sus familiares; luego perdió el control de los sucesos, algo muy de los argentinos.
- Las pretendidas causas por la verdad son un evidente Circo Romano de activismo y propaganda, una real provocación a las FFAA, basta ver que hasta algunos juzagados prevén filmaciones de cuando le pregunten a los militares si saben el destino de algunos desaparecidos , a lo cual pueden negarse a contestar. La intención subyacente es a la larga intentar desconocer las leyes de pacificación y juzgar todo de nuevo, algo así como "la justicia de la patria vengativa".
- En muchos habituales mentideros políticos, muchos con profundos analistas, llama la atención esta "extraña coincidencia" de llamados judiciales para que exploten en las narices del nuevo gobierno, una suerte de deletereo legado de Menem. La mayoría piensa que hay alguna acción política deliberada , mezclada con espontaneidades de jueces que simplemente quieren posicionarse mejor, ante el próximo nuevo marco político.
Refuerza esta tesis el sospechoso acto de Garzón de hacer explotar los 98 casos justo después del triunfo de La Rua, otro peludo de regalo y peculiar coincidencia. Debemos recordar que desde hace un año se hablaba de un pacto de mantenimiento del statu quo entre el gobierno de Menem y Garzón, con Aznar oficiante de intermediario. Bueno, de ser así está claro que el pacto terminaba con el gobierno saliente y al flamante "Chupete" le queda un caramelo desagradable de saborear.
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