"FORO DE LA VERDAD HISTÓRICA"

editado por la

"Asociación de ex combatientes contra el terrorismo en la Argentina"

- 24 de octubre del 2001 -

¿Sus culpas?,

siendo un joven teniente haber cumplido con su deber militar y las ordenes recibidas, defendiendo a la Nación Argentina del terrorismo revolucionario de los 70´

Ayer  23 de octubre, estando el presente artículo en elaboración, nos sacudió el dolor, la bronca  y la impotencia . 

Había fallecido repentinamente en Buenos Aires de un ataque al corazón su esposa Ana Auge ; quedaron así solos los cuatro pequeños hijos , mientras su padre soporta desde hace catorce meses una absurda, ilegal e injusta detención, en una lejana y miserable cárcel del servicio penitenciario mejicano. Dios le de fuerzas para soportar esta nueva prueba.

Esperamos que la justicia y el gobierno nacional, en particular el Presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas - cargo  que más que proclamarse se ejerce con el ejemplo y la acción - dedique sus mayores esfuerzos al caso, dejando de lado la penosa posición inicial de considerar la prisión del marino de guerra como un simple "caso consular".

Está en juego la libertad y la vida de un subordinado suyo, ahora además la de su familia. Es más aun, está en jaque nuestra dignidad como país independiente.

El escrito de su abogado defensor José Licinio SCELZI es extenso pero pleno de ricas consideraciones que hacen a las esencias de un sistema judicial digno de tal nombre,  lo publicamos completo en archivo aparte mediante un acceso directo al pie .

Brindamos  un resumen de sus partes más salientes.

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José Licinio SCELZI, en la causa de vuestro registro n° 33.414, ejerciendo las facultades inherentes a la acreditada condición de apoderado del señor Capitán de Corbeta ( R ) Ricardo Miguel CAVALLO, actualmente alojado en el Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México, Distrito Federal, con domicilio constituido en avenida Corrientes 545, piso décimo, a V. V. E. E. expreso:...

• Acudo ante estos estrados superiores, con el objeto de llevar a cabo la adecuada presentación de los graves agravios jurídicos que irroga a mi mandante el fallo emitido por el señor Juez a quo, el 20 de junio de 2.001, en tanto allí dispuso no hacer "lugar a la solicitud de extradición de Ricardo Miguel Cavallo, que diera inicio a las presentes actuaciones" y, además, a causa de ello, también decidió el archivo de los obrados.
  
  

• No puedo dejar de advertir a esta Excelentísima Sala, desde mi condición de ciudadano argentino, dotado de formación jurídica y de una encendida vocación de defensa de los superiores intereses de la Nación, que en los delicados e importantes temas que someto a vuestra ilustración revisora se encuentran imbrincados numerosos asuntos saturados de gravedad institucional.

• Las presentes actuaciones se incoaron -el 8 de noviembre próximo pasado- a raíz de la presentación formulada , mediante la cual solicitó al tribunal se requiera a la República de Méjico la extradición del Capitán de Corbeta ( R ) Ricardo Miguel Cavallo, a fin de someter al referido a proceso ante las autoridades judiciales argentinas , alegando el doctor Scelzi la falta de jurisdicción de la justicia española para entender en su juzgamiento".
  
  

• El Juez de primera instancia computó que "no existe al día de hoy pedido de captura vigente respecto de Ricardo Miguel Cavallo y en relación a los hechos . Por ello, el juzgador no hizo "lugar a la solicitud de extradición de Ricardo Miguel Cavallo que diera inicio a las presentes actuaciones", ordenando, suplementariamente, archivar "en consecuencia las mismas".
  
  

• Los relatos corresponden a acciones que se indican desplegadas en su otrora condición de Oficial de la Armada Argentina durante los enfrentamientos habidos con organizaciones terroristas en suelo patrio, fenómeno reputable como de público y notorio. En consecuencia, el elemento principal pendiente de resolución en este legajo, incomprensiblemente soslayado a través de los pasajes dirimentes del fallo que articulara el señor Juez a quo, finca en que sólo un tribunal argentino goza de válida jurisdicción, preferente a la de cualquier otro Estado, para conocer y decidir de esas imputaciones que en el caso pretende ilegalmente acometer un juzgado español

•   "El fundamento de la extradición, como acto de asistencia jurídica internacional, radica en el interés común a todos los Estados de que los delincuentes sean juzgados por el país a cuya jurisdicción compete conocer de los hechos delictuosos.

•  "Lo inadmisible, lo que la Constitución repudia, es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado para conferírsela a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente investida por ese magistrado de ocasión" .

• También, en sendero análogo deben censarse la Resolución n° 732 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, suscripta el 3 de agosto de 2.000 por el entonces titular de esta cartera, doctor Ricardo Gil Lavedra; y el muy fecundo y aleccionador dictamen que elaborara, el 2 de marzo del año en curso, el señor Ministro doctor Jorge de la Rúa, antecedentes que en copia adjunto para eludir la improductiva faena de reeditar sus textos.

• La encomiable postura político-institucional del gobierno de nuestro país, antes referida, congenia con la asumida por casi todos los Estados respetables del planeta. Verbi gratia, en estos días se han conocido decisiones semejantes de los gobiernos de las hermanas República Oriental del Uruguay y República de Chile.

• "Las garantías del juez natural, del debido proceso y de la defensa en juicio, exigen tanto que el tribunal se halle establecido por ley anterior al hecho de la causa (esencial recaudo que no contenta la desmadrada aspiración jurisdiccional del magistrado español); como que haya jueces que hagan viable la actuación de aquél en las causas en que legalmente se le requiera y le corresponda".

• Tornándose inevitable, machaco, que nuestra magistratura reclame de una vez a las autoridades públicas mexicanas -en el escrupuloso desempeño de los atributos competenciales que la engalanan- la extradición preferida y excluyente del nombrado Capitán ( R ) Cavallo a nuestra República.

• Esas decisiones cautelares ordenadas en España y acatadas en México de suyo no fueron concebidas por ninguna autoridad judicial argentina.

• La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que por cimero señorío del Derecho, a los fines de precisar la sublime garantía del juez natural, cabe tener primariamente en cuenta "el lugar en el cual se consumó el delito" (art. 102 de la Constitución nacional de 1.853, hoy 118). El señor Capitán ( R ) Cavallo ha pedido que las autoridades públicas argentinas glorifiquen la observancia de la ley vigente, en cuya constelación normativa por supuesto se enaltece el regular desempeño de las potestades jurisdiccionales de nuestros tribunales como testimonio de la soberanía política del Estado.

• Nuestra Corte Suprema ha resuelto ya que "La garantía constitucional contra la doble persecución no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho" .

•   Se ha acreditado en este expediente que existe en la República Argentina causa judicial anterior destinada a conocer y juzgar de los hechos y las responsabilidades por las que pedí la extradición a nuestro país del señor Capitán de Corbeta ( R ) Ricardo Miguel Cavallo: el sumario nº 761 del registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

• Existen "especiales razones de soberanía nacional", de "seguridad" y "otros intereses esenciales de la Argentina" que acreditan "conveniente" la extradición que impetré (art. 10 de la ley 24.767 "a contrario sensu"), cuenta habida de que la impostura de que nuestros tribunales consientan el ejercicio de su excluyente jurisdicción por tribunales extranjeros, en aviso -como lo están- de que ese afán se ha plasmado al infausto son de una solicitud de extradición proveniente de juzgado español, comporta un magno antecedente disvalioso para la integridad de las notas de soberanía de nuestro Estado; relacionado a un historial que estremeciera la tranquilidad pública en la Argentina, impregnado de dolorosos resabios que aún sentimos, y de cuya perdurabilidad nuestros tribunales incesantemente trasmiten acuse.

 

• Asimismo, las acusaciones que se abaten sobre el señor Capitán ( R ) Cavallo en el referido pedido madrileño de extradición versan sobre aspectos que han sido ya patrimonio de juzgamiento para varios tribunales de nuestro país, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pronunciamientos que coronaron densas estimaciones ligadas a intereses superiores de la comunidad política argentina. Estos intereses delineados en trascendentes sentencias judiciales argentinas, pasadas en autoridad de cosa juzgada, no deben ni pueden militar sumidos, en virtud de su naturaleza cesárea, al arbitrio de jueces distintos a los excluyentemente habilitados por la Constitución de nuestro Estado y, por consiguiente, mucho menos confiados a leyes foráneas o encomendados al antojo de magistrados extranjeros.

 

• El reincidente acecho del juez español al inexpugnable alcázar de la soberanía argentina, denota, si no la prueba, el riesgo verosímil de aniquilamiento de la exigencia de imparcialidad del juzgador. Apenas una animosidad manifiesta hacia el evocado género de imputados puede estar alimentando la voluntad judicial hispana de arrebatar a nuestros tribunales su jurisdicción en el caso.

 

• Nuestro Estado debe oficiar como principal interesado en atender la conducta de sus nacionales. De esta premisa se obtiene la certeza de que los jueces de nuestro país cuentan con insuperable calificación para individualizar la responsabilidad achacada a un argentino por hechos que se suponen cometidos en nuestro suelo, compleja operación intelectual en la que gravitan componentes históricos, jurídicos, psicológicos y éticos que se escurren o son inasibles a la percepción del juzgador extranjero.

 

• "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes complementarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho".

 

• El señor Capitán de Corbeta ( R ) Ricardo Miguel Cavallo, conforme a las constancias aportadas a esta causa, es "nacional argentino" y ha optado solemnemente por ser juzgado ante los tribunales de nuestra Patria .

 

• Si el Estado se integra con tres elementos: territorio, población y poder, ha de comprenderse que la cesión de un nacional, hecha a requerimiento de potencia extranjera con destino a su juzgamiento penal, máxime por presunto delito sucedido dentro de los límites fronterizos de la Nación demandada, resiente la existencia misma del país otorgante (Jellinek, G.; "Teoría general del Estado", p. 304, ed. Albatros, Bs. As. 1.954).

 

• Opina Trebutien que "un gobierno no puede hacerse auxiliar de una justicia extranjera contra los súbditos que tiene la misión de defender y proteger. Debe velar porque sus nacionales puedan hacer uso para su defensa de todos los derechos y de todas las garantías que les concede la Constitución de su país, y sería privarlos de ellas entregarlos a una jurisdicción extranjera que no está obligada a respetarlas" .

 

• La cualidad de "nacional argentino" que engalana a mi representado existía "al momento de la comisión del hecho" y ha subsistido imperturbable hasta nuestros días, de acuerdo con la ley 346 cuya vigencia restauró su equivalente 23.059 (ver art. 12 de la ley 24.767). Subrayo esto porque debe descubrirse en el ciudadano al "sujeto portador de la soberanía" (Díaz Doin, Guillermo; "Nacionalidad y ciudadanía"; L.L. 140-1115).

 

• Y cuando invito a un descanso en este hito de la entrega del nacional, no es porque deje de valorar que ella tanto se produce en los casos que la República Argentina detiene y remite a uno de sus ciudadanos al extranjero; como en los supuestos que nuestras autoridades, desoyendo el reclamo del nacional detenido en otro país, omiten o tratan con manifiesta desidia la perentoria solicitud del interesado a los fines de regresar -vía opción del art. 12 de la ley 24.767- a nuestro suelo, en miras del riesgo inminente de ser extraditado a un tercer Estado a causa de presuntos delitos ocurridos en nuestro territorio, pues entrega su dominio aquél que no lo defiende.

 

• Pero más importante aún es que hallándose vigente el "Tratado Interamericano de Extradición", estatuto que regla las obligaciones comunes que sobre el particular han convenido México y la República Argentina, el mero ejercicio de la señalada facultad de opción determina la existencia de un derecho constitucionalmente adquirido por el señor Capitán de Corbeta ( R ) Ricardo Miguel Cavallo de ser juzgado en tribunales argentinos por las imputaciones a tenor de las cuales se pretende su enjuiciamiento en España; a cuyo fin muéstrase inapelable emprender su extradición a nuestra Patria, conforme lo demandé a V. S. hace ya mucho tiempo.  

 

• Para acabar el presente apartado, reitero que el art. 18 de la Constitución nacional ordena: "Ningún habitante de la Nación puede ser... sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa"

 

• El exilio impuesto al señor Capitán de Corbeta ( R ) Cavallo es en sí mismo una sanción penal, toda vez que este extrañamiento arrastra secuelas de sufrimientos, angustias, necesidades y, en fin, inconvenientes suscitados por una lejanía forzada de todo lo que es caro al hombre (patria, familia y amistades).

• Las reglas constitucionales de nuestro país, los tratados suscriptos por el Estado nacional con otras potencias y los cánones de derecho vernáculo que explicité en mis presentaciones escritas precedentes, persuaden hasta la saturación de que la República Argentina cuenta con títulos jurídicos preferentes para pedir a México la extradición del señor Capitán de Corbeta ( R ) Ricardo Miguel Cavallo (art. 62 de la ley 24.767).

• Los legisladores que redactaron nuestras normas en materia de extradición no se representaron jamás un problema siquiera remotamente cotejable al que perjudica al señor Capitán ( R ) Cavallo, en superlativa medida referente, además, a muy importantes intereses nacionales. Nada permite criticar que lo obviaran. Ellos se atuvieron a situaciones previsibles en función de la aplicación honesta del Derecho.

• En este asunto, a diferencia de cuanto fuera razonable prevenir con el concurso de la ley, el juez español y la Cancillería mexicana están injuriado el noble consuetudo construido por las mejores tradiciones del Derecho Internacional Público que propenden a cuidar de las armónicas relaciones entre los Estados.

• Procede pues repudiar el conato de cualquier país extranjero de llevar a cabo una especie de "justicia supletoria" (Jakobs), "justicia penal subsidiaria" (Jescheck y Maurach-Zipf) o "administración de la justicia penal por representación" .

• "Todo país tiene el legítimo derecho de resolver los horrores de su pasado, en la forma que sus mayorías democráticas (el radicalismo primero y el justicialismo después) lo estimen conveniente y necesario. Así actuó en su momento España para superar los cuarenta años de dictadura que padeció.

• Piénsese que, si la República Argentina no exige la remisión a nuestro territorio del señor Capitán, éste se verá ilegalmente conminado a comparecer ante un tribunal extranjero incompetente , a fin de enfrentar las alternativas que recreen una investigación que en sus aspectos principales hállase agotada en la causa n* 761 de nuestra Cámara Federal, sumando el agravante de que al haber servido a la sazón en una jerarquizada organización militar del Estado argentino tampoco podrá acudir de manera cierta y efectiva a los testimonios de los camaradas, superiores, pares o subordinados -que concurrieran a esclarecer los comportamientos investigados en el proceso- dado que ellos desafiarían el homólogo infortunio de ser encarcelados tan luego arribaran al control migratorio ibérico.

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