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   Asistimos a una nueva operación política seudo judicial, dentro del marco de la segunda ola de ataques contra las F.F.A.A. irresponsablemente relanzada por sectores del gobierno menemista en 1995 - ataques por demás facilitados por la inconducta del entonces jefe del Ejército, hoy preso - y luego, desde fines de 1999, potenciados por la falta de autoridad y ambigüedad del Poder Ejecutivo que aprovechan los ideólogos del terrorismo derrotado en los 70´.

   El juez Claudio Bonadío – un ignoto abogado del estudio de Carlos Corach, nombrado funcionario municipal de la corrupta administración de Carlos Grosso y luego Subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación con el mismo Corach – fue finalmente nombrado juez federal cuando Corach accede al Ministerio del Interior, pese a su total falta de antecedentes de carrera judicial y a no ser tampoco un jurista de nota en especialidad alguna.

    En su cargo de juez comenzó a ser conocido por la presunta pertenencia a una ¨servilleta famosa¨, según denuncias públicas, junto con varios jueces federales entonces afines al gobierno.

    Fue cuestionado en ciertas intervenciones judiciales y finalmente cobró pésima notoriedad por su inaceptable fallo contra el Capitán de Fragata Alfredo Astiz. Increíblemente, lo condenó por ¨apología del delito durante una charla privada en un café¨ según la mera palabra de una periodista activista política y nuera de un criminal Montonero, Gabriela Cerruti, sin más evidencias, llegando a decir en su fallo que Astiz ¨no había demostrado que la periodista mentía¨, en síntesis ¨que el beneficio de la duda era en su contra¨.

    Previo a ello este juez debió apelar la resolución de los dos fiscales participantes - quienes dictaminaron unánimemente que no había mérito para juzgar a Astiz – y conseguir que la Sala I de la Cámara Federal de la Capital lo avalara alevosamente y hasta finalmente obtener el apoyo del Procurador Fiscal Nicolás Becerra. Este, según fuentes inobjetables, durante el juicio oral llamó al fiscal Di Masi recién designado en reemplazo de los otros dos, presionándolo en el sentido de presentar acusación contra Astiz; de lo contrario se caía nueva y definitivamente la causa y con ella toda la indigna operación política montada contra el marino.

    Tal desatino judicial está hoy apelado y aun pendiente de resolución ante la Suprema Corte.

    Como contraste, el senador Cantarero acaba de ser declarado inocente por otro juez – de la acusación de cobrar una coima para votar una ley – dado que en su opinión ¨no basta por si solo el aislado testimonio de una periodista del centenario diario La Nación, al no existir evidencias adicionales¨. Posiblemente este juez esté en lo cierto, pero quedó así consagrada la desigualdad ante la ley en nuestra decadente República.

    En oportunidad de la operación contra Astiz en enero de 1998, el abogado Barcesat – un cuadro orgánico del Partido Comunista que hace de la denuncia política su ´modus vivendi´ – aprovechó para iniciar un causa judicial contra el marino, falto de todo fundamento, intentando implicarlo en los viejos y archiconocidos hechos de las Finanzas de los Montoneros caídas en 1977, parte por acción de las FFAA y otra por la Policía de la provincia de Buenos Aires, luego coronado por causas ya cerradas en Mendoza y el conocido juicio en San Martín por el secuestro de los hermanos Born, con un rescate de 60 millones dólares – unos 200 millones a valores de hoy - la principal fuente de esas finanzas terroristas.

    En realidad, esta acción de Barcesat es contribuyente al simultaneo juicio civil con una demanda de 100 millones de dólares, iniciado contra el estado por un hijo del presunto financista desaparecido lavador de los dineros ilegales de Montoneros – un tal Higinio GÓMEZ – quien mantiene una vieja querella personal con los descendientes del empresario CERRUTI de Mendoza, otro financista Montonero desaparecido, quienes habrían ganado allí un juicio dejando a los Gómez fuera del indigno reparto.

    Las acusaciones en esta causa contra Astiz no prosperaron y se terminaron de diluir ante lo más obvio, él no estaba aun destinado en la ESMA durante los episodios del 10 de enero de 1997. Además los bienes en discusión eran demostradamente posesiones ilegales del terrorismo y el juez Literas entonces a cargo de la causa falló contra la querella.

    Luego la situación se replanteó hasta desembocar en los sucesos actuales, ante dos hechos concurrentes:

    El juez Bonadío, luego de una serie de dimes y diretes en muy conversadas y politizadas acciones, lanzando señales contradictorias a los cuatro vientos y con evidentes apoyos mediáticos coordinados, desprecia olímpicamente lo dispuesto por la Sala II y termina procesando a un grupo de civiles y oficiales de la Armada.

    Para ello – ignorando lo asentado en el mismo expediente - plantea un artificial escenario de ¨secuestros extorsivos a tres inocentes comerciantes¨ y lo corona - ante la falta de evidencias mínimas de ese absurdo y la para él inesperada reacción militar de los acusados – con una patada al tablero declarando inconstitucional las leyes de pacificación en vigor, mediante un ¨copiar y pegar¨ de otro fallo anterior del juez Gabriel Cavallo.

    Su único objetivo fue obtenido: por un tiempo los marinos debían quedar procesados y detenidos, a cualquier precio y con cualquier pretexto. Sin percatarse, en esta nueva escaramuza se ha sumado al proceso político-judicial que seguramente cerrará definitivamente este absurdo ´revival´ de la guerra finalizada hace un cuarto de siglo. A menos que se crea viable el juzgar a más de 1200 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por la ya muy lejana guerra civil, justamente en esta Argentina al borde del abismo económico, social y político.

    La prolijidad no preocupó a Bonadío, sabía que sería reemplazado por el nuevo juez Sergio Torres, ya en funciones desde noviembre. Este recibe así un verdadero aquelarre jurídico, con apelaciones a ser consideradas próximamente por la Sala II.

    Todas las evidencias del expediente, en las declaraciones indagatorias de los marinos acusados, de los mismos ex Montoneros testigos de la querella y los escritos de las defensas, no dejan dudas que los bienes en discusión eran de la organización Montoneros, un clásico del lavado de dineros mal habidos. Pero el juez no presta atención a ello y se aferra a la historieta de los ¨inocentes comerciantes¨, siendo evidente su juego a favor de la querella.

    Las pretendidas apropiaciones de bienes fueron juzgadas hace años y además están prescriptas por tiempo, más de 25 años, lo cual invalida desde el comienzo todas las acusaciones. Máxima ironía, de no ser así, el juez debería también procesar a Gasparini y a casi todos los testigos de la querella por su confesado manejo de bienes ilegales provenientes del sangriento secuestro de los Born, asaltos y extorsiones; es que esos delitos tampoco estarían prescriptos. Pero al juez no le interesa el detalle.

    Tampoco hay pruebas concretas contra ninguno de los acusados, siendo el expediente una sumatoria desordenada de papeles extraídos al azar de otras causas judiciales, más unos pocos nuevos testimonios a todas luces falsos y preparados , como si la mera acumulación sumara evidencias creíbles.

    El ex Comandante de la Armada Almirante Emilio Massera, ya fue juzgado y condenado en la Causa 13 por este caso particular, más allá de la justicia de tal condena que no compartimos. Basta leer el libro editado con la sentencia correspondiente para comprobarlo. Luego fue absuelto años después. ¿Es que este raro engendro de ´nueva justicia globalista’ autoriza a repetir interminablemente los juicios y condenas por un mismo hecho?. ¿Es esta la justicia que las FFAA debieron emplear en la guerra contra los secuaces de Firmenich y Santucho?, pobres terroristas, realmente.

    Para coronar el absurdo, el juez detiene al Capitán de Fragata Juan Carlos Rolón y lo procesa luego de su expreso y claro reconocimiento, durante la indagatoria, de haber capturado al ex terrorista Juan Gasparini, responsable nacional del Ámbito Finanzas de Montoneros y hace lo mismo consecutivamente con el Capitán de Navío Jorge Enrique Perren a raíz de su espontánea presentación por escrito ante el juzgado, haciéndose responsable de haber impartido a Rolón la orden de capturar a tal terrorista y presentando pruebas irrefutables de la absoluta desconexión de Rolón y él mismo con presuntos delitos sobre propiedades.

    Según fuentes inobjetables del edificio de los tribunales de la avenida Comodoro Py, luego de la presentación del Capitán Perren el juez Bonadío habría dicho ante terceros que "me tiran a Perren en la causa para embarrarme la cancha" , evidenciando así que tendría otros objetivos ajenos a su función de ¨impartir justicia imparcialmente¨, en lugar de haber dado la bienvenida a los nuevos datos aportados para arribar a la verdad. Es peor aun, luego de los procesamientos habría expresado "que Perren se joda por meterse en la causa, por eso lo procesé".

    Sin pruebas de nada contra Rolón respecto a los hechos que impulsan la causa , sin mención siquiera a Perren en el expediente respecto a tales acusaciones - excepto su presentación espontánea - el juez Bonadío imperturbablemente procede a procesarlos con prisión preventiva, ignorando el mismo expediente y necesitando la acción extra de declarar inconstitucional las leyes de pacificación, agregando así otro grave problema a este país en crisis casi terminal. Sin embargo no se priva de endilgarles una difusa acusación de partícipes necesarios en extorsión´, disparate jurídico, ya que no existe nada al respecto en los escritos del expediente y ni siquiera lo dicen los ex Montoneros testigos de la querella.

    El auto de procesamiento es una pieza lamentable de la ambigüedad, el juez monta personalmente una historieta con absurdas acusaciones, sin respaldo en lo investigado y hasta citando dichos de testigos, pero cambiando totalmente el fondo y la forma de los testimonios, algo gravísimo. Es como si pensara que cuenta con total impunidad o que nadie cotejaría los escritos de la causa.

    No deja también de llamar la atención que el juez ignora olímpicamente a varios personajes políticos civiles importantes acusados en el expediente, pertenecientes al viejo grupo Guardia de Hierro, los mismos orígenes y amistades de Bonadío. La pregunta del millón es si éste no ha aprovechado su temporario dominio del expediente para disparar el tema en forma controlada y limitada, usando a los hace 25 años jóvenes marinos combatientes como cortina de humo y chivos expiatorios para proteger a más elevados personajes. El sistema judicial argentino no prevé que el juez juegue para una de las partes, eso es la negación lisa y llana de la justicia.

    Como dijimos - algunos aun no se percatan - hay un nuevo mundo luego de la barbarie de las Torres Gemelas y paralelamente se ha iniciado aquí el final de la época de venganzas contra las FFAA de la República Argentina. Muy probablemente, algún día cercano varios jueces federales afrontarán cargos ante la justicia por abuso de autoridad o directo prevaricato en las funciones.

2 - Resolución a las apelaciones ante la Sala II de la Cámara Federal C.C. de la Capital Federal -28 de diciembre del 2001

El 28 de diciembre del 2001 la Sala II dispuso las libertades del Alte. Massera y del Capitán de Navío Perren, pero continuan otras también arbitrarias detenciones de oficiales navales. Un fallo sin duda ideológico.

Con el país sumergido en una crisis de extrema gravedad y como encapsulada en si misma y ajena a la realidad nacional,  la Sala II de la Cámara Federal de la Capital emitió un dictamen – en votación dividida - que podría ser calificado de muchas formas, excepto como ajustado al derecho y a la mínima sensatez. Sin duda es fiel reflejo de las diferentes posiciones ideológicas de sus tres miembros.

Comienzan por describir su propia versión libre e inédita del complejo caso de la captura de las Finanzas de los Montoneros, pintando un inaceptable y hasta absurdo libreto central, donde los terroristas son denominados ¨las víctimas¨ y los militares pasan a ser ¨los malos¨, como en las películas policiales.

Aun los observadores aun más imparciales coinciden en que este dictamen supera en sus fallas y abusos incluso al inicial procesamiento del discutido juez Claudio Bonadío.

El Dr. Luraschi falla en disidencia votando por: "la inmediata libertad del Capitán de Navío Jorge E. Perren y del Capitán de Fragata Juan C. Rolón, por no haber evidencias de su participación en una presunta asociación ilícita para robar bienes de detenidos mediante extorsiones, por no existir evidencias que se hayan enriquecido en absoluto,  por no haber tampoco evidencias de que hayan participado en falsificaciones de documentos  y por no estar destinados en la ESMA en la época de la presunta comisión de tales delitos".

Los otros dos jueces, siempre mencionados como afines a las ideas de izquierda, los Dres. Irurzun y Cattani, optan por otra decisión aun menos entendible. Por un lado deciden mantener detenido al Capitán Rolón, pese a no haber evidencias en su contra y pese a la presentación espontánea de su ex superior en esa época, el Capitán Perren, aportando claras evidencias de su inocencia.

Por otro lado, deciden hacer lugar a la apelación de la indagatoria hecha en septiembre a Perren por Bonadío. Disponen ¨declarar nula la indagatoria y todos los actos de ella desprendidos, entre ellos el procesamiento¨ y el nuevo Juez de la causa, Dr. Sergio Torres, dispuso su inmediata libertad .

Aun de ser hipotéticamente ciertas las acusaciones contra otros procesados, algo en nada creible, los mismos deberían ser dejados libres inmediatamente por ´prescripción por tiempo´ (25 años).

Para evitar ello, sostienen los jueces que de haber habido robos serían de una nueva categoría y por lo tanto imprescriptibles: ¨robos de lesa humanidad¨.

Es de recordar, ante tanto despropósito, algo que remarca aun más este nuevo abuso de la justicia contra los militares, los delitos de los ex terroristas no son de lesa humanidad y prescriben, así es que Mario Firmenich puede hoy gozar, junto con los sobrevivientes de la cúpula terrorista, de la parte de los millones del secuestro de los Born que jamás fuera recuperada y nadie les reclama.

En síntesis, en estas épocas de carestía y desempleo, vemos que la profesión de terrorista asegura un buen pasar: indemnizaciones por haber sido ¨perseguidos¨ y impunidad para usufructuar los botines obtenidos.

Para más detalles ver el punto 7 del Anexo I 

Anexos:

>>>> Anexo I - "Casos particulares más destacables de las irregulares actuaciones de la causa"